Quienes conocen bien las entrañas de la Fiscalía General del Estado, quedaron estupefactos por el juego de pared que acaba de hacer Miguel Ángel Yunes Linares, quien para librar de toda sospecha a Marcela Aguilera Landeta y que ésta no rompiera con los supuestos pactos subrepticios que mantienen, el exgobernador panista dio una conferencia de prensa en la que aparentemente ataca y amenaza a un grupo de 21 funcionarios –entre fiscales, jueces, secretarios, actuarios y policías ministeriales–, encabezado precisamente por la titular de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, a los que acusa de perseguir por cuestiones políticas a sus hijos Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez por instrucciones del gobernador Cuitláhuac García y la gobernadora electa Rocío Nahle.
“Aguilera encabeza al grupo de ‘queda bien’ que quieren ser ratificados y promovidos a partir de que les pongan estrellitas por la persecución política en contra nuestra”. Y, sin identificarlo por su nombre, pues “no merece siquiera que lo mencione”, Yunes acusa que a la Fiscal de Investigaciones Ministeriales “la asesora un individuo con apodo de pez, vinculado a la delincuencia organizada”, en alusión a Manuel Fernández Olivares, (a) “El Pámpano”, secretario técnico de la FGE, quien en la administración yunista (2016-2018) fue muy cercano al magistrado Edel Álvarez Peña, a quien el ex gobernador impuso como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Sin embargo, al menos en el entorno de Nahle –quien ayer respondió a Yunes que ella no iba a caer en provocaciones porque “yo estoy acostumbrada a trabajar y ellos a dar espectáculos”–, se tiene la percepción de que la faramalla montada por el panista fue sólo una estrategia para librar de toda sospecha a Aguilera Landeta, quien en los dos últimos años ha cobrado una fuerza impresionante en el decidir y actuar de la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández, a tal grado que tiene copadas todas las áreas importantes de este órgano autónomo, desde algunas Fiscalías Regionales y Distritales hasta la Dirección de Investigaciones Ministeriales y Procesos Penales, a cargo de su incondicional Georgina Sierra Ortiz, adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Y es que nos dicen que, ante la ineptitud y pasividad de Clementina Salazar Cruz, quien desde 2020 está a cargo de esta Fiscalía Especializada, Aguilera Landeta copó dicha área con personas que sí conocen su manejo, como Sierra Ortiz, que desde ahí le cuida los temas que más le interesan a la exdiputada local expriista, como verbigracia la carpeta de investigación FECCEV/023/2021 abierta en contra del exalcalde porteño Fernando Yunes por un presunto daño patrimonial cuantificado en 10 millones 339 mil 877.07 pesos, según las observaciones FM-193/2018/013 DAÑ y DE-193/2018/007 presentadas por el ORFIS en el informe individual de la fiscalización superior a la Cuenta Pública 2018 del Ayuntamiento de Veracruz.
A más de tres años de la presentación de dicha denuncia, Sierra Ortiz y Aguilera Landeta taparon esta carpeta. Habría muchas más.
Así que la estridente amenaza el jefe del Clan Yunes, de que “se las van a pagar” y que “cobrará las facturas”, parece buscar más bien que las máximas autoridades del gobierno no sospechen de Aguilera y que sus recomendados no sean removidos de la Fiscalía hasta que los hermanos Yunes Márquez obtengan el fuero legislativo.