TSJE: vacantes, ¡6 magistraturas!

Acompañado por legisladores, integrantes del Poder Judicial de Veracruz y burócratas  estatales, el gobernador Cuitláhuac García encabezó el 20 de mayo pasado, en la sede del Poder Judicial de la Federación (PJF), en la Ciudad de México, una manifestación en contra de la presidenta Norma Piña y de otros siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a los que acusó de boicotear jurídicamente la culminación de los grandes proyectos que realiza el presidente López Obrador.

Sin embargo, en vez de ganarse el apoyo solidario de la sociedad mexicana, recibió duras críticas en las redes sociales debido a que algunos funcionarios veracruzanos, entre ellos el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, cargaron vestidos con toga y birrete varios ataúdes con fotografías de los ministros y las siglas del máximo tribunal, paseándose afuera de la SCJN.

Mientras algunos consideraban que se trataba de una simple analogía de que los ministros habrían “matado” al PJF, otros personajes, entre ellos el exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, lo interpretaron como un intento de intimidación.

Este miércoles, cinco meses después, en cuanto se conoció que la mayoría simple del Pleno de la Cámara de Diputados había aprobado la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder PJF, el mandatario veracruzano felicitó a los legisladores de Morena y partido aliados (PVEM y PT).

“Felicito a las diputadas y legisladores del Congreso de la Unión que hoy han eliminado al menos parte de los privilegios desmedidos de ministros de la SCJN y de magistrados de la élite del Poder Judicial Federal (cuantificados en más de 15 mil millones de pesos) ¡Plan C va!”, publicó García Jiménez en sus redes sociales.

Pero el jueves de la semana pasada, el columnista Filiberto Vargas publicó que “el gobernador de Veracruz podría anotarse una estrellita si sugiere la revisión (y extinción) de un par de fideicomisos que opera el Consejo de la Judicatura estatal”, señalando concretamente que “uno es el Fideicomiso para el Fondo de Pensiones Complementarias por Jubilación en beneficio de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Veracruz”, y que uno más es “el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia que, en el 2016, a la salida del magistrado Alberto Sosa Hernández de la presidencia del Poder Judicial de Veracruz, tenía más de 700 millones de pesos y que, en diciembre del 2019, a la salida de Edel Álvarez Peña, no llegaba a los 100 millones de pesos”.

El analista concluía que, de hacerlo, el discurso del mandatario estatal “sería similar al que maneja el Presidente: ‘acabar con los privilegios de una cúpula que controla la justicia en Veracruz’”.

Pero inexplicablemente el jefe del Ejecutivo estatal se ha desentendido por completo del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues, por ejemplo, desde hace un buen rato solo hay 27 magistrados en funciones, cuando de acuerdo con la Ley Orgánica deben ser 33, o sea que hay ¡seis vacantes!.

¿Por qué la magistrada presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre no ha apremiado al gobernador ni al Congreso local?