Lima Franco, ¿rehén?

A diferencia de los otros siete nombramientos que ha hecho públicos, la gobernadora electa Rocío Nahle dio a conocer anteayer que José Luis Lima Franco continuará como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), pero a la vez presentó también como subsecretario de Egresos a Pedro Miguel Rosaldo García, su verdadero hombre de confianza.

Se presupone que Rosaldo –un abogado de Coatzacoalcos, doctor en Administración Pública y quien actualmente es director general de investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos y titular de los fondos presididos por la Secretaría de Energía que hasta finales del año pasado encabezó Nahle– terminará relevando en la titularidad de la Sefiplan a Lima Franco una vez que el economista pozarricense, único funcionario cuitlahuista que hasta ahora ha sido ratificado, resuelva el pago de sueldos, pensiones y aguinaldos de diciembre próximo y aclare algunas deudas y presunta malversación de fondos.

En su edición de ayer, el diario La Jornada dio a conocer que la deuda de entidades públicas estatales y municipales con los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ascendía a casi 78 mil millones de pesos, equivalente a un aumento de 42 por ciento en tres años.

El diario capitalino refirió que, de acuerdo con la reforma a la ley, la omisión en el pago de las aportaciones al ISSSTE es una falta administrativa grave y la Secretaría de Hacienda puede retener a las entidades los recursos que correspondan a las cuotas en cada año fiscal. Y señaló que, en cuanto a los recursos no enterados a las cuentas individuales de los servidores públicos, nueve estados concentran la mayor parte del adeudo, en particular, en las secretarías e institutos de educación. En enero de 2021 se informó que las cuentas individuales de los trabajadores en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) habían dejado de recibir 55 mil millones de pesos. A mayo pasado, el monto ascendía a 77 mil 996 millones 787 mil 947, de los cuales Veracruz adeuda 19 mil 138 millones 465 mil 52 pesos. De esta cantidad, la Secretaría de Educación acumuló 18 mil 353 millones 972 mil 87 de 2008 a 2014.

El año pasado le descubrieron a Lima que el 28 de febrero de 2023 autorizó contratar una línea de crédito por mil 717 millones 650 mil 673 pesos con Banobras, del que no informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pese a que por ley está obligado a reportarle para inscribir la deuda en el Registro Único de Financiamientos y Obligaciones de las Entidades Federativas.

Presuntamente a la gestión del gobernador Cuitláhuac García le tocaría pagar mensualidades que van desde los 9 millones 986 mil pesos a 11 millones 819 mil pesos hasta el 25 de noviembre de 2024, cinco días antes de que finalice su régimen. Pero Nahle deberá pagar mensualmente hasta noviembre de 2030 casi 23 millones de pesos, el doble de los intereses.

Lima tampoco ha informado sobre los 358 millones de pesos de los Servicios de Salud que decidió invertir en Accendo Banco, la institución financiera de los desprestigiados hermanos Reyes de la Campa que recibió permiso de operar como banca en 2019 y la cual perdió su licencia de operación en 2021 por su bajo índice de capitalización.