Contra los buenos deseos del presidente López Obrador, quien este martes celebró que se haya resuelto la crisis política en Nuevo León, luego de que el Congreso local avaló el retorno de Samuel García a la gubernatura, lo cierto es que en esta importante entidad norteña que gobierna –es un decir– el fallido precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, la situación tiende a agravarse conforme avance el reloj electoral.
“Ayer (lunes) ya resolvieron lo de Nuevo León. Y no fue la Corte (la Suprema Corte de Justicia de la Nación), fue el Congreso (del estado). Ya se resolvió, qué bien que ya hay un acuerdo”, declaró hace un par de días el mandatario en su conferencia en Palacio Nacional.
AMLO confió en que todo vuelva a la normalidad y reiteró que mantendrá su buena relación con el gobernador neoleonés, con quien –según anunció– se reunirá el próximo sábado 16 para inaugurar la presa El Cuchillo.
Al preguntársele si la Suprema Corte podría sancionar a Samuel García por usurpación de funciones, López Obrador consideró que no se llegaría a tanto.
“Sí estuvo ahí en vela el ministro (Javier) Laynez, en la noche ahí esperando (hace unos días para recibir el caso). Eso no se había visto, estaba de guardia. Son mis vecinos y yo veía todo iluminado a las 11 de la noche, que siempre está oscuro, pero no, ahí estaban, trabajan extra para resolver esos asuntos”, ironizó.
En efecto, al día siguiente, García Sepúlveda recibió un nuevo fallo contrario por parte de la Suprema Corte, la cual desechó una controversia constitucional que había interpuesto en torno al juicio político que le abrió el Congreso estatal en enero pasado, y que se encuentra suspendido gracias a un juez de amparo.
El gobernador impugnó una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, que invalidó otra decisión del Tribunal de Justicia Administrativa que le beneficiaba. Por ello promovió ante la SCJN la controversia constitucional 483/2023, denunciando una presunta invasión de competencias entre ambos tribunales.
Sin embargo, el ministro Javier Laynez Potisek –quien este martes suspendió en su totalidad la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que suman 15 mil 800 millones de pesos, al admitir a trámite acciones de inconstitucionalidad promovidas por senadores y diputados de oposición a la medida impulsada por el presidente López Obrador–, señaló que no hay base constitucional para sostener la controversia presentada por Samuel García.
Este juicio político en contra del gobernador neoleonés se encuentra detenido gracias a una suspensión definitiva otorgada por un juez de amparo, en marzo pasado.
Apenas el viernes, también el ministro Laynez Potisek había emitido otro acuerdo contrario a las intenciones del mandatario estatal, al determinar que el ex vicefiscal, Luis Enrique Orozco, debería ser reconocido como gobernador interino de Nuevo León.
Finalmente, este lunes, tras la renuncia de Orozco al interinato, Samuel reasumió la gubernatura. Pero horas después de hacerlo, vetó los decretos 468, 463 y 462, aprobados recientemente por los diputados del PRI y PAN, que son mayoría en el Congreso local.