En Xalapa víctimas de robo pagan 10 mil pesos a grúas para recuperar sus vehículos

*Xalapeños exponen abusos de empresas concesionarias y de autoridades en el cobro de liberación de vehículos*

Xalapa | 2024-11-04


Víctimas de robo de vehículos y repartidores de motocicletas se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar abusos presuntamente cometidos por empresas de grúas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la propia Fiscalía

Los afectados señalaron que, tras la recuperación de sus vehículos, se les obliga a pagar cuantiosas sumas para retirarlos de corralones concesionados.

De acuerdo con los testimonios, la Fiscalía está enviando vehículos robados y recuperados a corralones privados en lugar de a sus propias instalaciones, lo cual incrementa los costos de liberación para los dueños. 

"Me robaron y debo pagar casi 11 mil pesos", comentó uno de los afectados, un trabajador de mantenimiento de inmuebles que, tras sufrir el robo de su camioneta en septiembre, debió gestionar su recuperación durante semanas. 

La unidad fue remitida a un corralón privado y se le exigieron 10 mil 600 pesos para recuperarla, cantidad que tuvo que pedir prestada. "Vengo a la Fiscalía para que ellos se hagan cargo de este pago, porque era su obligación llevar mi camioneta a su corralón", explicó el trabajador.

DETIENEN A MOTOCICLISTAS SIN CAUSA


Los repartidores, por su parte, señalaron que elementos de la SSP y la policía vial realizan detenciones arbitrarias sin causa

Denunciaron que, durante estos operativos, los oficiales retiran sus motocicletas y las envían a corralones privados, donde deben pagar hasta 5 mil pesos para recuperarlas, lo que afecta gravemente su economía. 

Un repartidor de 20 años relató que fue detenido en avenida Américas, donde los policías lo acusaron de tener "aliento alcohólico" sin realizarle pruebas en el momento. 

 

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Los manifestantes señalaron que han debido endeudarse para pagar las tarifas de liberación y exigen a las autoridades que asuman la responsabilidad de estos costos, argumentando que, tras ser víctimas de delitos, no deberían verse obligados a cubrir montos tan elevados para recuperar sus herramientas de trabajo

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