Ciudad de México | 2023-07-13
En un año, más de 1,300 personas han sido separadas de sus hijos e hijas en Veracruz, sumergiendo a familias enteras en una pesadilla sin fin.
Con cada denuncia presentada por el delito de sustracción o retención de menores, Veracruz se consolida como uno de los estados con mayor número de casos en todo el país.
Detrás de estas cifras alarmantes se esconden historias desgarradoras de padres y madres que luchan por recuperar a sus seres más preciados.
De acuerdo con el último Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2022, realizada por el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), el estado de Veracruz ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en el delito de sustracción o retención de menores, al acumular 1,358 carpetas de investigación durante el 2021.
La incidencia de este delito en el estado de Veracruz ha mantenido a la entidad en los primeros cinco lugares a nivel nacional con un mayor número de casos de sustracción de menores, junto con:
La estadística, reportada a través del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, refiere que en 2019 fueron integradas 1,344 carpetas de investigación por sustracción de menores; en 2020, la cifra aumentó a 1,398 casos en el estado de Veracruz y en 2021 se cometieron 1,358 delitos.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) documenta 9 mil 652 investigaciones ministeriales y carpetas de investigación abiertas por este ilícito, entre enero de 2012 y el 21 abril de 2022.
A pesar de que la FGE no especifica el sexo y relación parental del imputado y denunciante, la cifra de denuncias por sustracción de menores representa una aproximación hacia un fenómeno que está ocurriendo en el país: el mecanismo de separar a los hijos del padre o madre en un contexto de disputas familiares.
En el estado de Veracruz, el delito de sustracción o retención de menores o incapaces lo comete quien tenga un parentesco con la persona menor de 18 años de edad o incapaz, o a quien, por instrucciones de aquél, sin causa justificada o sin orden de autoridad competente, le sustraiga de la custodia o guarda de quien la tenga de hecho o por derecho, o bien la retenga sin la voluntad de ésta.