Ciudad de México | 2023-07-30
Un muro flotante en el Río Bravo se ha convertido en el nuevo motivo de disputa entre el Gobierno federal de México –que ha sumado como aliado al Presidente estadounidense Joe Biden– y el Gobernador texano Greg Abbott, quien a lo largo de su mandato ha implementado medidas antimigrantes criticadas por demócratas y la administración de Andrés Manuel López Obrador.
De los 305 metros de boyas que separan el territorio de Eagle Pass, Texas, de Piedras Negras en Coahuila, unos 230 están en suelo mexicano, motivo por el cual el Gobierno federal mandó dos notas diplomáticas a Abbott para reclamar las violaciones a los tratados binacionales de 1994 y 1970 que regulan la zona fronteriza del Río Bravo.
La Canciller mexicana Alicia Bárcena Ibarra aprovechó la conferencia matutina presidencial del miércoles para exponer el tema: “Vimos que se están construyendo terraplenes que provocan obstrucción y desviación del flujo del río”, detalló sobre el tema. “[Y] contenedores metálicos de carga dentro de la zona de inundación y una malla con, incluso, como púas para evitar el paso, y las boyas plásticas flotantes”.
Incluso, el mismo Gobierno de Biden sumó una demanda a través del Departamento de Justicia estadounidense contra la administración de Texas por la colocación “ilegal” de las boyas, por lo que analistas asomaron que si bien el muro flotante puede ser motivo de tensión entre los dos países, la verdadera conflictividad sería con Abbott más que con el Presidente Biden.
Por parte de México, la respuesta ha sido clara. Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Bárcena envió una misiva en la cual alegó la violación del Tratado de Límites de 1970 al instalarse “líneas de cerco en espiral tipo serpentina de alambre de navajas”, barriles y boyas “sin haberse sometido a revisión y aprobación de la CILA (Comisión Internacional de Límites y Aguas)” y provocando la “obstrucción y desviación de los escurrimientos del río Bravo hacia territorio mexicano”.
El Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, dijo el 20 de julio en Twitter que estaba trabajando con la comisionada mexicana de CILA, la cónsul de México en Eagle Pass y el resto de la Embajada para revisar las implicaciones de las boyas con alambres de púas y navajas “bajo el Tratado de Aguas México-EUA y su impacto en la seguridad de migrantes, para que México pueda realizar las demandas procedentes”.
Y hasta el Embajador estadounidense en México, Ken Salazar, consideró que el muro flotante es una estrategia política de Abbott, quien busca ser candidato presidencial del Partido Republicano en las elecciones de 2024.
La demanda que presentó el Gobierno federal estadounidense contra Texas indica que la medida no obtuvo autorización federal que es requerida, por lo que el estado deberá de removerla. “Este muro flotante es una amenaza a la navegación, la seguridad pública y alza preocupaciones en el ámbito humanitario. Adicionalmente, la presencia del muro flotante ha atraído quejas diplomáticas por parte de México y podría dañar la política exterior de EU”.
Sin embargo, el doctor Juan Carlos Barrón Pastor del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM añadió que la vía jurídica de la disputa entre el Gobierno de Biden y el de Texas podría tomar tiempo.
El Gobernador de Texas, Greg Abbott, ha ocupado el cargo en el estado fronterizo desde 2015, año en el que fue electo. A lo largo de su mandato ha presentado múltiples medidas antimigrantes tales como enviar autobuses llenos de migrantes hacia otros estados, y ordenar a agentes fronterizos a no brindar agua a quienes crucen, a pesar de las altas temperaturas que se han registrado. El muro flotante de boyas es sólo la acción más reciente.
Tras el anuncio de la demanda por parte del Departamento de Justicia estadounidense, el mandatario texano escribió en sus redes sociales: “Sr. Presidente, Texas lo verá en las cortes”.
Para la analista Eunice Rendón, las acciones que ha tomado el Gobernador de Texas son parte de un discurso político que apele a un público que lo apoya y votó por él en reiteradas ocasiones.
“Vamos a seguir viendo cosas como estas de cara a las elecciones de 2024, pero en esta en particular hay una violación importante de tratados y sobre todo también hay una intención de lastimar a los migrantes; hay una intención de ahogamiento y una intención de casi muerte”.
A ello, sumó Barrón Pastor que la estrategia de Abbott es hacer un “escándalo mediático” y “está extralimitando sus funciones” con respecto a la frontera internacional mientras que viola los derechos humanos de las personas migrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos por medio del Río Bravo.
Pero el hecho de que México haya decidido tomar cartas en un asunto que, en primera instancia jurídica tendría que resolverse al interior de Estados Unidos, indicó, es tanto un momento de coincidencia como una oportunidad de visibilizar una voluntad para que los gobiernos federales de ambos países trabajen juntos.
Las dos notas diplomáticas que envió México también son, en línea con la política exterior que ha marcado el Presidente López Obrador, una manera de dejar claro que no haya ningún tipo de violación a la soberanía del país, expuso Barrón, ya que en el Partido Republicano “hay varias voces agresivas que están tomando a México como blanco de discursos virulentos en torno a cuestiones como el fentanilo, etcétera, y por lo tanto ahí está una tentación injerencista por parte de ciertos actores estadounidenses”.