Ciudad de México | 2023-07-13
Xóchitl Gálvez tuvo la oportunidad de ser transparente y declarar oficialmente los posibles conflictos de interés con las empresas de su familia. Pero en sus declaraciones no aceptó que su hija y su empresa Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes S.A. de C.V. son contratistas del Gobierno federal, incluso de la actual, encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
Solo cuando fue alcaldesa de Miguel Hidalgo, declaró ser parte de la empresa High Tech Services S.A. de C.V., pero desde entonces y hasta su última declaración patrimonial como Senadora, omitió declarar su relación con Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes S.A. de C.V., empresa familiar en la que están relacionados su esposo, Rubén Sánchez y la hija de ambos, Diana Vega Gálvez y otros Gálvez.
La mañana del miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó el reto a Claudio X. González, de investigar, a través de Mexicanos Contra la corrupción y la Impunidad, los contratos asignados a las empresas de Xóchitl Gálvez.
Pero aunque las empresas son dignas de presumir, no lucen como un dato público en sus declaraciones patrimoniales.
Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes no aparece en las declaraciones patrimoniales de la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Es una empresa activa incluso en esta administración en la que le han entregado cuatro dependencias un total de 11 contratos por 5 millones 302 mil 366 pesos; nueve de ellos los recibió de manera directa, sin concursar. En otros dos, la licitación fue restringida.
La relación de Xóchitl con Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes ha sido documentada por distintos medios de comunicación empresariales, quienes la mencionan incluso como fundadora, luego del éxito que logró con High Tech Services. Ambas son del mismo giro que va de mantenimiento especializado.
Mantenerla en secrecía viola lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que en su Artículo 8 menciona: "habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión".
Esa Ley abarca los intereses personales, familiares o de negocios, "incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado".
Este último dato muestra que el reporte de esos conflictos es muy amplio, ya que cubre a familiares hasta de cuarto grado, o sea, incluye padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, bisabuelos, bisnietos, tíos carnales, sobrinos carnales, tatarabuelos, tataranietos, tíos segundos, primos hermanos y sobrinos segundos.
La Ley también es clara al señalar que un conflicto de interés no implica de facto una acción errónea o ilegal, pero debe ser propiamente identificado y tratado de manera transparente y efectiva.
En su declaración patrimonial de cuando fue alcaldesa en Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, publicó como Relaciones de Negocios del Declarante a High Tech Services, empresa especializada en la comercialización e instalación de aires acondicionados.
De acuerdo con la información de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se tiene registro de cinco contratos asignados de manera directa a esta empresa por 8 millones 032 mil 697 pesos durante 2017 a 2019.
La información depositada en la PNT sobre los contratos de Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes son en su mayoría con Banobras.
Desde 2020 se le asignaron ocho contratos, el más costoso en 2023 por 825 mil 440 pesos. Siete entregados por adjudicación y directa y uno en mecanismo restringido de invitación a tres empresas.
Los servicios para los que fue contratada son para "Servicio de arrendamiento de Planta de Emergencia para red en baja tensión"; "Suministro e instalación de baterías"; "Servicio de Mantenimiento [...] a los sistemas de monitoreo que los integran" y "Servicio de mantenimiento al sistema de circuito cerrado de televisión de los inmuebles".
El resto de los contratos son de 1 millón 301 mil 580 pesos para el "Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de hvac, ventilación y extracción y sistemas de automatización" del edificio sede del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) que obtuvo también en licitación restringida.
Ese mismo año obtuvo otro contrato de 399 mil 999 pesos de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y 50 mil pesos de la Secretaría de Salud por la "Adquisición de válvulas perforadoras, válvula de servicio, rollos de tubería".
El contrato con Mejoredu se suma a los que ha recibido High Tech Services, ya que los cinco de los que hay registro, todos se celebraron con esa dependencia.
Además, la propia senadora añade contratos no publicados en la PNT que su empresa celebró con el Aeropuerto Felipe Ángeles, obra que contrario a su actuar, no ha criticado arduamente; el pasado 8 de junio en entrevista con Radio Fórmula aseguró que el aeropuerto "no es una porquería" y que "no está tan mal".
Los negocios de Gálvez y familia han sido documentados por la prensa en años anteriores.
En 2015, las periodistas Kenya Ramírez y Ximena Mejía publicaron que de 2005 a 2014, las dos empresas relacionadas con la familia Gálvez, obtuvieron 28 contratos por 25 millones de pesos con la Comisión Nacional de Agua (Conagua), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI antes IFAI) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).