| 2024-10-24
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciar un procedimiento en contra de la jueza Nancy Juárez, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Veracruz.
Esta petición surge a raíz de la resolución de la jueza, quien ordenó suspender provisionalmente la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La reforma, promovida por el gobierno federal, busca implementar cambios significativos en la estructura y operación del sistema judicial, incluyendo la reorganización del proceso de selección y nombramiento de jueces y magistrados.
De acuerdo con el documento, firmado por Ernestina Godoy Ramos, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, y dirigido a la Ministra Presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, la resolución de la jueza Juárez constituye una "flagrante extralimitación" de sus competencias.
Godoy subraya que el Poder Judicial carece de facultades para cuestionar o anular procesos de reforma constitucional, y que la actuación de la jueza representa una violación directa a las atribuciones exclusivas del Constituyente Permanente, encargado de aprobar y modificar la Constitución.
Señala el oficio, haciendo énfasis en que la Constitución establece claramente que los jueces no pueden interferir en los procesos de reformas constitucionales aprobados por el Congreso.
La Consejera Jurídica también advirtió que las acciones de la jueza Juárez podrían sentar un peligroso precedente, permitiendo que decisiones judiciales interfieran en los procesos legislativos y constitucionales que son competencia exclusiva del Congreso y las legislaturas estatales.
Este riesgo, afirma Godoy, podría obstaculizar la implementación de futuras reformas que buscan transformar y modernizar el sistema judicial mexicano.
Solicitudes a la SCJN para prevenir futuros conflictos En respuesta a este conflicto, la Consejería Jurídica ha solicitado a la SCJN y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que implementen medidas preventivas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Entre las recomendaciones, destaca la necesidad de activar el Sistema de Responsabilidades de Servidores Públicos del Poder Judicial para investigar la actuación de la jueza Juárez y determinar si ha incurrido en alguna falta administrativa o ética.
Este sistema es el encargado de supervisar y sancionar a los funcionarios judiciales que violen los principios legales en el ejercicio de sus funciones.