Ciudad de México | 2023-08-04
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer que denunció ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado mexicano por los actos de tortura y fabricación de culpables, hechos que se habrían cometido contra seis activistas indígenas.
En conferencia de prensa, el CDH Frayba detalló que se trata de dos casos independientes. En uno, están involucrados cinco indígenas tseltales, originarios del municipio de San Juan Cancuc, quienes “fueron sustraídos de su comunidad por elementos policiales acompañados de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas”.
Detallaron que a Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, quienes realizan actividades en defensa de los derechos humanos, se les acusó falsamente de portación de drogas en otro municipio, por lo que se los llevaron detenidos en 2022, sin precisar las fechas exactas de los hechos.
Sin embargo, explicaron que tras el arresto los cinco indígenas fueron procesados y sentenciados por el homicidio contra un policía, crimen que no cometieron con el objetivo de “enviar un mensaje ejemplar hacia la población [de San Juan Cancuc] a fin de que no se organicen contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización”, enfatizó el Frayba.
A pregunta explícita de si policías municipales fueron quienes asesinaron a la víctima y luego culparon del crimen a los cinco activistas indígenas, Víctor Gálvez, abogado del Frayba, respondió que sí. “El Policía Antonio falleció en la camioneta de la policía municipal acompañado de cuatro policías (…) y fueron quienes levantaron y trasladaron a Antonio en la camioneta de uso oficial en el municipio de Cancuc”, relató.
Así como el padre Miguel Ángel Montoya, por parte de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, y Petrona Hernández Pérez, en representación de los familiares de los cinco detenidos. “El 1 de julio de 2022, el comité de derechos humanos de la parroquia de San Juan Cancuc, San Juan Evangelista Cancuc denunciaron la detención de Manuel Santiz Cruz, presidente del Comité de derechos humanos en la parroquia, junto con sus cuatro compañeros”, comentó el sacerdote en su intervención.
“En el mismo momento fueron privados de su libertad, haciendo visible la fabricación de delitos como mecanismo corrupto, que implementa la Fiscalía indígena de los Altos de Chiapas, para criminalizar e inculpara a las personas defensoras de derechos humanos, y en labor por la defensa de la tierra y el territorio”, aseveró el sacerdote sobre el caso.
Los activistas también presentaron el caso de Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quien desde el 2020, permanece privado de la libertad, luego de que se le acusó de un delito que no cometió, según afirmaron durante la conferencia de prensa.
Señalaron que tras su detención, el acusado fue “sometido a actos de tortura, desaparecido de manera forzada, y después procesado penalmente”. Desde entonces se encuentra Privado Arbitrariamente de la Libertad (PAL) bajo la medida cautelar de prisión preventiva y sin que hasta el momento haya recibido sentencia alguna “aún cuando la Constitución mexicana establezca un límite de dos años”, destacó el Frayba.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas enfatizó que, “de acuerdo con una investigación de la Junta de Buen Gobierno “El Pensamiento Rebelde de los Pueblos Originarios” en Nueva Jerusalén (JBG Nueva Jerusalén)”, la acusación de la que fue blanco Manuel Gómez Vázquez fue “un acto de criminalización” por haberse adherido al movimiento zapatista, indicó el Frayba en un comunicado.
Añadió que por años han documentado el “patrón sistemático de criminalización a defensores indígenas” por parte del Gobierno de Chiapas con participación de la Fiscalía de Justicia Indigena, misma que es “utilizada para el control de los pueblos a través de la criminalización del ejercicio de sus derechos políticos, a la autonomía y autodeterminación como pueblos originarios”.
Esta criminalización se basa en “acusaciones falsas, tortura, uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa y de testigos falsos”, así como Privaciones Arbitrarias a la Libertad (PAL), en la que también colaboran autoridades comunitarias, efectivos del Ejército y la Guardia Nacional (GN). Además, acusaron al Poder Judicial de complicidad por no ejercer acción judicial. Indicaron que con estas detenciones arbitrarias “buscan castigar ejemplarmente la defensa de los derechos humanos, de la tierra y el territorio”.
Por último, subrayaron que el objetivo de denunciar estas detenciones arbitrarias es la de que “cesen las patrones de criminalización y represión hacia los pueblos originarios, en específico hacia las personas vulneradas en sus derechos por estos mecanismos de violencia institucional, además de que sean resarcidos los derechos humanos bajo los más altos estándares internacionales incluidos el de la libertad absoluta”, concluyeron.