Xalapa | 2023-09-19
El general Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, criticó la actuación del juez involucrado en el proceso penal del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
El señor Rodríguez Bucio señaló directamente al juez Gerardo Genaro Alarcón López, quien trabaja en el sistema penal acusatorio del centro de justicia penal federal del reclusorio norte.
Alarcón López emitió la suspensión del procedimiento legal en contra de Emilio Lozoya por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este acto también lo incluyó en el acuerdo de reparación del daño causado a Pemex por parte de Alonso Ancira.
Rodríguez Bucio destacó que Ancira aún no ha finalizado el pago reparatorio a Pemex en su totalidad, lo que le otorga una ventaja injusta en el proceso legal. Además, cuestionó la base de la suspensión del procedimiento, argumentando que el juez Alarcón López se basó en una tesis aislada sobre delitos que no se relacionan con este caso específico y que no generan derechos, ya que se refieren a un circuito judicial de Querétaro que no es aplicable de manera obligatoria en la Ciudad de México.
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que presentará un recurso de apelación y una queja en respuesta a una resolución que considera "ilícita, injusta y notoriamente parcial", y que favoreció a Emilio Lozoya Austin en el caso Agronitrogenados el 31 de agosto pasado.
Por lo anterior, el juez Gerardo Genaro Alarcón López enfrenta acusaciones de violar el Código Nacional de Procedimientos Penales en los artículos 186 al 190.
Se considera que la decisión del juez Alarcón López se sustentó de manera inapropiada en una tesis aislada que aborda delitos distintos a los del caso, lo cual va en contra de la Ley de Amparo y del Código Nacional, causando perjuicio a las víctimas y brindando una ventaja indebida al acusado.
Además, que el juez dio por cumplido el resarcimiento a Alonso Ancira, algo que aún no se ha realizado en su totalidad y que no ha sido aceptado expresamente por las víctimas. También se ha mencionado que Emilio Lozoya está siendo señalado por haber recibido un soborno de aproximadamente 4 millones de dólares.
La FGR señala que el juez actuó ilegalmente al no cumplir con su deber de fundamentar y motivar su acuerdo conforme a la ley y la jurisprudencia vigente, ya que los artículos pertinentes del Código Nacional no establecen que un acuerdo en beneficio de uno de los imputados de un delito beneficiaría al resto de los involucrados. Otra preocupación es que el juez Alarcón López no reconoció que Lozoya no ha alcanzado un acuerdo de reparación con ninguna de las víctimas, dejándolas en una situación de vulnerabilidad.
Cabe recordar que Alonso Ancira enfrenta cargos relacionados con la venta de una planta industrial a Pemex, mientras que a Emilio Lozoya se le acusa del soborno mencionado.