Ciudad de México | 2025-03-05
El gobierno de Donald Trump anunció nuevas restricciones de visado a funcionarios de países que contribuyan al flujo de migrantes indocumentados hacia territorio de Estados Unidos .
La medida, presentada por el secretario de Estado, Marco Rubio, busca presionar a las naciones que permiten o facilitan el tránsito de personas sin autorización legal rumbo a la frontera estadounidense.
El Departamento de Estado detalló que la restricción de visados afectará a funcionarios gubernamentales, incluidos aquellos que trabajan en inmigración, aduanas, aeropuertos y puertos.
La medida se aplicará a quienes, según Washington, no implementen adecuadamente las leyes migratorias o adopten políticas que favorezcan el tránsito de migrantes sin documentos.
"La seguridad de nuestras fronteras es fundamental para fortalecer nuestro país. Los gobiernos a lo largo de las rutas migratorias tienen la responsabilidad de prevenir y disuadir la migración irregular", señala el comunicado oficial.
El endurecimiento de estas medidas responde a la estrategia de la administración de Donald Trump, que ha priorizado la reducción de la migración indocumentada.
Desde su regreso al poder, el expresidente ha enfatizado la necesidad de reforzar la frontera sur y aplicar medidas más drásticas contra quienes intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
Según el mandatario, las detenciones de migrantes en febrero fueron "las más bajas jamás registradas", aunque estas cifras aún no han sido confirmadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La política genera incertidumbre en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y varias naciones de América Latina.
Países que han servido de tránsito para migrantes podrían ver afectadas sus relaciones con Washington si sus funcionarios son sancionados con restricciones de visado.
La medida podría impactar a sectores clave como el comercio y la cooperación bilateral en materia de seguridad y economía.
A medida que Estados Unidos refuerza su postura contra la migración indocumentada, los gobiernos de la región se enfrentan a un dilema: endurecer sus políticas migratorias para evitar represalias o buscar alternativas para negociar con la administración de Trump.
En línea con su retórica migratoria, Trump ha solicitado al Congreso fondos para una operación de deportación a gran escala.
Si el Congreso aprueba su solicitud, la política de inmigración de Estados Unidos experimentará un giro aún más restrictivo, con consecuencias directas para miles de migrantes que buscan una mejor oportunidad en el país norteamericano.