Orizaba | 2024-11-03
Mientras no se ponga en marcha la jurisdicción indígena para que las autoridades de una comunidad puedan ejercer la justicia directa, las autoridades encargadas de administrar y procurar justicia tienen la obligación de contratar a intérpretes para que sea el puente de comunicación entre el Estado y la persona indígena imputada, señaló Magdalena Hernández Hernández, titular de la oficina de representación del INPI en el estado.
Sin embargo, con la actual reforma, destacó, ahora los servidores están obligados a tratar a estas personas con pertinencia cultural, pertinencia lingüística y, sobre todo, con dignidad, para que no se sigan generando violaciones desde el propio sistema.
La titular del INPI en el estado señaló que todas las dependencias y entidades, no sólo las encargadas de procurar justicia, carecen de traductores contratados, aunque en algunas hay personas habilitadas que hacer labor de intérpretes, como en la Fiscalía, pero ni ésta ni el Tribunal Superior de Justicia tienen a ese personal contratado.
Explicó que hay un padrón de traductores, pero estas personas cuentan con un trabajo en alguna actividad que les reditúa y no son servidores públicos, de ahí que se vea necesaria su contratación.
"Sería justo y es necesario que se cree un órgano autónomo independiente del Poder Judicial de la Fiscalía, de las defensorías y que contraten a intérpretes para que puedan actuar de manera imparcial en los casos en que se ven inmersas las personas indígenas", apuntó Hernández Hernández.