Xalapa | 2025-01-20
El Congreso de Veracruz aprobó una reforma al Código Electoral del Estado que establece la elección de jueces, juezas y magistrados por voto popular, bajo el principio de mayoría relativa.
La iniciativa fue presentada la semana pasada por la gobernadora Rocío Nahle García y permitirá que el proceso inicie este mismo año.
Con 38 votos a favor, nueve en contra y ninguna abstención, los legisladores acordaron que las personas juzgadoras tendrán un periodo de nueve años en el cargo, con posibilidad de reelección, salvo los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, quienes tendrán un mandato de seis años.
La reforma incluye un nuevo capítulo en el Código Electoral titulado ´Del Poder Judicial´, que regula el proceso electoral, los criterios de paridad de género, transparencia y equidad.
Además, establece un calendario que fija la inscripción de aspirantes del 31 de enero al 7 de febrero de 2025.
El listado definitivo de candidatos será publicado el 12 de marzo, tras una evaluación de idoneidad, y el Congreso enviará los expedientes al Organismo Público Local Electoral (OPLE) el 20 de marzo para organizar el proceso.
La elección se realizará en una sola circunscripción que abarcará todo el estado. Las campañas electorales tendrán una duración máxima de 30 días, con un tope de gastos financiados exclusivamente con recursos personales.
No se permitirá propaganda partidista ni financiamiento privado; y el OPLE promoverá el uso de plataformas gratuitas y materiales reciclables para garantizar un proceso austero.
En cuanto a la publicación de resultados, el artículo 253 establece que el OPLE deberá anunciar los nombres de los ganadores en la Gaceta Oficial del Estado dentro de los tres días posteriores al cierre del proceso electoral.
El artículo 319 BIS señala sanciones por actos anticipados de campaña, uso indebido de materiales de propaganda y violencia política de género, entre otros.
Durante el debate, legisladores de oposición señalaron inconsistencias en la reforma. El diputado de Movimiento Ciudadano, Adrián Sigfrido Ávila Estrada, argumentó que el proceso politiza al Poder Judicial, lo que, según él, afecta su independencia.
"Producto de estas precipitaciones trae varios inconvenientes legales que pueden llevar a interpretaciones a modo y en perjuicio de la credibilidad de este proceso electoral", afirmó.
Por su parte, Héctor Yunes Landa del PRI calificó la reforma como "una emboscada para repetir una elección de Estado".
Señaló contradicciones en el dictamen, como la discrepancia entre el horario de instalación de casillas estipulado en el artículo 202 del Código Electoral y lo que propone la reforma.
"No se establece la forma de integrar las casillas, cuántas serán, ni el tipo de boletas que se usarán", subrayó.
La diputada panista Indira Rosales San Román cuestionó los recursos destinados al proceso y acusó al oficialismo de caer en inconstitucionalidad. "Ustedes como la Chimoltrufia porque como dicen una cosa, dicen otra", señaló.
La legisladora aludió la supuesta falta de consistencia entre la reforma constitucional aprobada el 23 de diciembre y las leyes secundarias actuales.
María Elena Córdoba Molina, de Movimiento Ciudadano, criticó las modificaciones de último momento al dictamen durante la sesión, afirmando que la falta de análisis puede generar incertidumbre.
Finalmente, Montserrat Ruiz del PAN sostuvo que la reforma es inconstitucional por realizarse en medio de un proceso electoral, lo cual está prohibido por la legislación vigente.