Ciudad de México | 2025-02-24
México sigue siendo uno de los países con las jornadas laborales más largas entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con un promedio de 2,207 horas trabajadas al año en 2024, frente a la media de 1,742 horas en otros países de la organización.
Aunque se ha propuesto reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, su implementación plena podría demorarse hasta 2030, lo que ha generado desaliento entre los trabajadores.
¿Por qué México necesita reducir la jornada laboral? La propuesta de reducir la jornada laboral busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, quienes actualmente dedican 13.5 horas semanales al descanso, una cifra muy por debajo de los estándares internacionales.
Según Mario López Roldán, director del Centro de la OCDE en México para América Latina, aunque se redujeron 20 horas de la carga laboral entre 2023 y 2024, este avance sigue siendo insuficiente.
La iniciativa, que forma parte de una deuda histórica con la clase trabajadora, enfrenta resistencia de sectores empresariales y legislativos.
Organizaciones como la Canaco y Coparmex han solicitado un periodo de gracia para adaptar sus operaciones, lo que retrasaría su implementación.
De aprobarse, la reducción de la jornada laboral no sería inmediata. Según Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, se aplicaría de manera progresiva, alcanzando las 40 horas en un plazo de dos años o incluso hasta 2030, como mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Uno de los principales temores es que la reducción de horas laborales afecte los salarios. Sin embargo, la propuesta garantiza que los trabajadores no verán disminuidos sus ingresos, ya que los empleadores estarían obligados a pagar el sueldo íntegro.
La reducción de la jornada laboral no solo beneficiaría a los trabajadores, sino que también podría mejorar la productividad y el bienestar general. Estudios internacionales muestran que jornadas más cortas están asociadas con mayor eficiencia y menor estrés laboral.
La implementación progresiva y la oposición de algunos sectores podrían demorar su plena vigencia hasta 2030, por lo que se requiere un diálogo más ágil entre gobierno, empresarios y trabajadores.