México | 2024-12-05
Ayer, en las instalaciones de la delegación Veracruz Sur de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Iván Ordaz Aréchiga, presidente de esta delegación, lanzó una advertencia clara y urgente: los adeudos de Pemex a contratistas y proveedores locales están llevando al límite a decenas de empresas de la región.
El impacto económico y social de esta crisis ya se siente en los corredores industriales de Veracruz, Campeche y Tabasco, poniendo en riesgo miles de empleos directos e indirectos.
El panorama no es alentador. Según datos de la CMIC, los adeudos de Pemex superan los mil 500 millones de pesos, una cifra que corresponde principalmente a contratos incumplidos de la pasada administración federal.
Si a esto sumamos la deuda acumulada desde 2022, el monto total podría rebasar los 3 mil 500 millones de pesos.
El problema no es nuevo, pero la transición sexenal ha profundizado la incertidumbre y dejado en vilo a empresas que ya enfrentaban una compleja situación financiera.
La región sur de Veracruz ha sido históricamente un motor económico para el estado y el país, impulsado por la industria petrolera y de la construcción. Sin embargo, esta dependencia de Pemex también ha convertido a las empresas locales en rehenes de una cadena de pagos que se ha vuelto insostenible.
Las palabras de Ordaz Aréchiga resuenan con preocupación: "Estos adeudos, que no han sido resueltos ni en el último periodo de la administración sexenal ni en la transición hacia la nueva gestión, mantienen en riesgo la estabilidad económica y laboral en la región sur de Veracruz".
La CMIC ha advertido que, de no resolverse esta situación, el impacto podría extenderse más allá de las empresas constructoras, afectando proyectos de infraestructura vitales y debilitando aún más el tejido económico regional.
El incumplimiento de Pemex no solo afecta a los contratistas, sino también a las instituciones fiscales y de seguridad social.
Empresas que alguna vez fueron pilares de la economía local ahora enfrentan deudas con el SAT, el IMSS y el Infonavit, además de un creciente endeudamiento con instituciones bancarias.
El riesgo de quiebra está latente, y con ello, la pérdida de empleos que difícilmente podrán ser recuperados en el corto plazo.
Lo que ocurre en Veracruz no es un fenómeno aislado. En Campeche y Tabasco, estados que también dependen en gran medida de la actividad petrolera, los proveedores enfrentan una situación similar.
Las deudas acumuladas, sumadas a la falta de certidumbre en los pagos, han generado un efecto dominó que amenaza con paralizar la economía regional.
En este contexto, las cifras recientes de Pemex son alarmantes. Al cierre del tercer trimestre de 2024, la empresa reportó una pérdida neta de 430.1 mil millones de pesos, la mayor en 13 años, con excepción del año 2020, marcado por la pandemia.
Además, la deuda con proveedores y contratistas aumentó un 56.8 % en comparación con el mismo periodo de 2023. Este incremento evidencia una gestión financiera que sigue sin encontrar estabilidad.
La CMIC ha propuesto una salida: la implementación de un programa emergente que garantice un plan de pagos claro y transparente. La reactivación de la comisión mixta permanente entre Pemex y el sector empresarial es una medida urgente para otorgar certeza a los proveedores y, sobre todo, para restablecer la confianza en la relación entre la iniciativa privada y el gobierno.
Este llamado a la acción no puede ser ignorado.
El fin de año se acerca, y con él, la necesidad de que las empresas cumplan con sus compromisos fiscales y laborales, entre ellos aguinaldos para los trabajadores. Sin una solución inmediata, el impacto en la economía regional será devastador.
La estabilidad de Pemex no es solo una cuestión de rentabilidad financiera; es una pieza clave para la economía del sureste mexicano.
La nueva administración federal tiene en sus manos la oportunidad de corregir el rumbo y evitar una crisis mayor.
De lo contrario, estaremos ante un escenario donde las promesas de desarrollo regional se conviertan en historias de quiebra y desempleo.
El sur de Veracruz, así como Campeche y Tabasco, necesitan respuestas concretas, no más discursos.
La viabilidad económica de estas regiones depende de ello. La pelota está en la cancha de Pemex y del gobierno federal. ¿Responderán a tiempo?
Quién va a cerrar un año laboral extraordinariamente fantástico será Miguel Hernández Linares, nuevo rector de la Universidad Tecnológica del Sureste, quien apenas fue nombrado en octubre pasado.
El maestro va a pasar una Navidad muy a gusto, ya que tiene, desde el lunes pasado, dos empleos.
Ya funge, también, como representante de Morena en el INE y será el defensor del partido en el siguiente proceso electoral de 2025.
En Morena ocurren de esas bendiciones que todo mexicano quisiera: tener dos trabajos en un solo horario laboral.
Porque, al menos hace 72 horas, Hernández Linares estaba tomando protesta en el INE cuando debía estar trabajando en la Universidad Tecnológica del Sureste. Y así va a ser durante varias quincenas, porque el proceso electoral apenas empieza.
¡Bendecido el maestro Miguel Hernández Linares!
Ojalá demuestre cada vez que va al INE los permisos de recursos humanos para ausentarse del Tecnológico.
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