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El poder sancionar con rapidez los casos de acoso y hostigamiento sexual dentro de las áreas del gobierno estatal no depende de la Contraloría General del Estado, sino de las propias víctimas y de las pruebas que pudieran presentar, mencionó la titular de la dependencia, Mercedes Santoyo Domínguez.
En ese sentido, expresó: "pudieran ser mínimo cuatro meses, máximo dos o tres años, depende mucho de las presuntas víctimas que pongan las pruebas, a veces se sigue integrando la información, pero también hay la defensa de las presuntas personas implicadas".
Por tanto, deslindó a la Contraloría de cualquier retraso en la sanción de una conducta como el acoso sexual, pues justificó que pueden tardar hasta 3 años, aunque resaltó que en otros solo han tardado 4 meses.
Refirió que, como parte de las pruebas, las víctimas llegan a presentar una parte de conversaciones de WhatsApp, pero la otra parte presenta o puede presentar las conversaciones completas, y entonces deben analizar ambas partes.
"Entonces tenemos que analizar todo ese tipo de evidencias, depende mucho de las pruebas que nos hagan llegar a través de los órganos internos de control y hacer una revisión minuciosa", agregó.
La funcionaria estatal recordó que durante la actual administración estatal suman casi 200 casos de este tipo de presuntos delitos, de los cuales apenas han concluido 20 asuntos.
Sostuvo que los procedimientos los atienden a la brevedad, pero insistió que todo depende de las pruebas que se aporten.
Mercedes Santoyo Domínguez reconoció que hay casos que no prosperan, que solamente se quedan en la queja porque ya no quieren continuar, y se respeta tal decisión.
"No tengo la mano al rato, pero hay veces que no tienen todas las pruebas o también la presunta víctima ya no quiere seguir con el procedimiento para interponer la denuncia", añadió la funcionaria estatal.