El diputado local del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, afirmó que la Comisión de Vigilancia del Congreso local solicitó un informe detallado de los despachos contables que fueron contratados para auditar a los ayuntamientos.
Y es que recordó que su actuación influyó para que el informe de la Cuenta Pública 2021 presentado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) no fuera aprobado por la Sexagésima Sexta Legislatura, pues se reveló que varios despachos no cumplían los requisitos de ley para realizar la tarea.
Además, fueron señalados por incurrir en presuntas irregularidades, como falsificar validaciones de obras públicas en contubernio con las autoridades municipales y auditar hasta 15 municipios al mismo tiempo.
Lo anterior, recordó Ramón Díaz, no está permitido debido a que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas prohíbe que los despachos auditen a más de tres ayuntamientos de manera simultánea.
“La ley dice tres y hemos detectado algunos despachos que operan con prestanombres más de 10, 15 ayuntamientos (...) es por eso que se rechazó en parte la Cuenta Pública”, mencionó el legislador.
Ante esta situación, el diputado petista consideró que se deben asignar más recursos al Orfis para que pueda auditar al cien por ciento de los ayuntamientos y evitar que se tengan que contratar despachos externos.
“El Orfis no audita el cien por ciento de los ayuntamientos, solamente el 20 o 25 por ciento a lo mucho, todos los demás son entes particulares que auditan y nosotros creemos que en muchos casos a modo”.