El titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, Germán Adolfo Castillo Banuet, representante del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que es necesario mantener la prisión preventiva para seguir reduciendo los índices delictivos en el país.
Esto durante su participación en la primera sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en la zona sureste, en Xalapa.
Castillo Banuet destacó que la ciudadanía "clama justicia" y que las Fiscalías tienen la responsabilidad de alcanzar acuerdos que consoliden la coordinación y la colaboración para fortalecer las capacidades conjuntas de investigación y persecución de los delitos.
Esto se da luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenara al Estado mexicano tomar medidas contra la figura del arraigo y de la prisión preventiva, considerándolas contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En su intervención, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional afirmó que la CIDH no tiene consideración de la incidencia delictiva del país, ni de las deficiencias endémicas en el control de los procesados en libertad o de las repercusiones que tendría la eliminación de la medida cautelar para las víctimas.
"Por tal motivo es fundamental que en el seno de esta conferencia propiciemos la capacitación de los agentes del ministerio público y la adopción de las mejores prácticas de litigación.
"Pero sobre todo la generación de sistemas efectivos de control de los procesados en libertad para evitar que los imputados que no estén sujetos a la prisión preventiva se evadan de la justicia y lograr una medida cautelar proporcional al riesgo individual", añadió.
Por otro lado, Castillo Banuet destacó que la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, ha apoyado en la sensibilización de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en temas delicados como la prisión preventiva.
Dijo que la Conferencia Nacional nuevamente abordará el tema de la prisión preventiva oficiosa, medida cautelar que ha permitido “contener de cierta forma el crecimiento de la tasa delictiva y cuya convencionalidad está siendo cuestionada actualmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Además, consideró que la sociedad y las víctimas deben de pronunciarse porque la Suprema Corte pondere los Derechos de las mismas y no sólo los de los imputados.