Poderes de Veracruz se unen para cuestionar amparos a presuntos delincuentes

El Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, la presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Corro Mendoza, así como la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, realizaron una conferencia de prensa para cuestionar la legalidad de los amparos concedidos por jueces federales a presuntos responsables de delitos graves.

Al plantear a revocación de mandato y la selección popular de los titulares de los tres poderes, los funcionarios cuestionaron los beneficios “chuecos” concedidos a imputados por homicidios, secuestradores, pederastas en perjuicio de las víctimas.

En conferencia de prensa en la Sala Banderas del Palacio de Gobierno, denunciaron que los jueces federales están otorgando libertad inmediata para 33 presuntos delincuentes, de los cuales 21 son casos relacionados con dichos delitos.

PODER JUDICIAL, NUEVO EXTRAÑAMIENTO

En su intervención, la presidenta del Poder Judicial del Estado externó su preocupación respecto del actuar de los juzgadores federales, aseverando que se está realizando un otorgamiento excesivo de suspensiones provisionales en contra de la prisión preventiva.

“Tenemos reporte de que, en los diversos Distritos Judiciales del Estado de Veracruz, han llegado hasta el momento 33 mandamientos en materia de amparo en donde, sin mayor estudio del asunto; otorgan la suspensión provisional para el efecto de que, cese la aplicación de esta medida cautelar. Trayendo como consecuencia, la libertad inmediata y absoluta de los imputados, en delitos tan delicados como secuestro, homicidio, violación, pederastia, robo agravado, abuso sexual de menores y otros de gran impacto social”.

La togada refirió que esta situación afectando a las víctimas, los procesos y deja vulnerable a la sociedad, favoreciendo la evasión y sustracción de la acción de la justicia de los investigados:

“Los Juzgadores Federales liberan a diestra y siniestra, aplicando fórmulas genéricas en todos los juicios de amparo que se promueven en contra de la prisión preventiva dictada por nuestros jueces”.

Consideró que esto incide en la gobernabilidad del Estado, pues los jueces y magistrados de la Federación, no toman en cuenta el impacto social de dejar libre de facto y sin análisis, a personas que representan un peligro inminente. 

“Inobservando la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso García Rodríguez vs México, en donde se establece que la Prisión Preventiva Justificada no es violatoria de los Derechos Humanos, pues existen procesos en los que resulta ser la medida idónea y proporcional para garantizar la seguridad de las partes, manteniendo el orden público”.

FISCAL ALERTA CRITERIOS EXCESIVOS

Por su parte, la fiscal general señaló que los jueces están actuando con base en un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejando en libertad a imputados, probables responsables de delitos considerados por nuestra Constitución como graves.

“De la misma manera, a pesar que los Fiscales han argumentado,  en plena defensa de los principios de legalidad, al solicitar la prisión preventiva justificada en lugar de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, algunos jueces, juezas y magistrados federales han impedido que se conceda dicha medida; aun cuando esa figura jurídica no fue motivo de estudio en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma cumple con los parámetros de regularidad establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Pidió que todos, incluyendo magistrados, jueces, fiscales, abogados y la sociedad entera imaginen el sufrimiento que sienten las víctimas de los delitos al ver a los presuntos responsables deambular libremente por las calles.

“Comprendo la frustración y descontento de nuestros conciudadanos, especialmente de aquellas víctimas que seguramente con esas determinaciones jurisdiccionales, hoy se sienten desprotegidas y ante la sensación de inseguridad, han perdido la paz”.

En al mismo sentido consideró que los gobiernos federal, estatales y municipales, sectores privados y sociales, busquen un “pacto firme en contra de la impunidad y a favor de la aplicación estricta de la Ley”.

CONGRESO PIDE ELECCIÓN DE MAGISTRADOS

Por su parte, la presidenta del Congreso afirmó que en el Poder Judicial de la Federación siguen las viejas prácticas de opacidad, donde la corrupción que impera entre jueces y magistrados federales, hace que la justicia esté ausente y predominen los intereses económicos y políticos de la vieja clase política y la oligarquía.

Concretamente criticó el caso de la jueza Angélica “N” pese a que protegió y liberó a un peligroso delincuente.

“No diré detalles, pero los hechos y circunstancias de los involucrados son del dominio público, así también los jueces federales conocieron con más detalles el expediente, a nosotros nos indigna y ofende este hecho.

Igualmente pidió ejercer la responsabilidad para renovar al Poder Judicial de la Federación y que los ciudadanos nombren a los integrantes de los tres poderes, afirmando que se debe de promover la elección para todos y la revocación de mandato.

ESTRATEGIA PERVERSA 

Finalmente, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, consideró que por parte del Poder Judicial de la Federación podría existir una estrategia perversa para afectar a su administración: “Se vislumbra una estrategia del poder judicial de la federación por pretender, quizá, afectar a este gobierno”.

Como representante del Gobierno Constitucional de Veracruz y en defensa de la ciudadanía, demandó el respeto al debido proceso. Además, mostró gráficas en materia de procuración de justicia, destacando la disminución de un 50.41 por ciento de los homicidios dolosos en el Estado de Veracruz.

“Hemos garantizado que los homicidios dolosos llevan una disminución de más del 50 por ciento”. Igualmente refirió que el secuestro, pese a la estrategia del anterior fiscal Jorge Winckler, tuvo una disminución que supera el 88 por ciento.