PJE busca acelerar sanciones contra jueces y trabajadores por malas prácticas

El Poder Judicial del Estado de Veracruz está trabajando en dar celeridad a los procedimientos administrativos sancionadores contra jueces y trabajadores de la institución, aseguró la magistrada presidenta, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

Aunque estos procedimientos pueden tardar hasta cuatro meses, la presidenta garantizó que todos serán resueltos este mismo año. Actualmente, están vigentes 90 procedimientos administrativos sancionadores, de un total de 100 que se habían acumulado.

Jiménez Aguirre explicó que el proceso lleva una serie de pasos y requisitos que deben cumplirse, como darle audiencia a quien está siendo investigado y otorgar un término para aportar pruebas, antes de que el pleno del Consejo de la Judicatura proceda a resolver cada caso en particular.

"Por ejemplo, darle audiencia a quien en su momento está siendo investigado, por supuesto un término para aportar pruebas y ya de ahí que el pleno del Consejo de la Judicatura proceda a resolver cada caso en particular", dijo la togada.

SIGUEN LAS QUEJAS

La magistrada presidenta enfatizó que el tiempo que dure en resolverse un procedimiento administrativo sancionador dependerá de la particularidad de cada caso. Los procedimientos administrativos se abren principalmente por las quejas de abogados postulantes contra jueces o trabajadores, las partes en un proceso "o incluso se localizan de oficio".

Es importante destacar que el pasado 23 de marzo, elementos de la Fiscalía General del Estado detuvieron al juez Florencio “N”, por presuntos actos de corrupción afuera de las oficinas del Poder Judicial en Xalapa.

De acuerdo con información recabada, el juez habría recibido dinero en efectivo para dejar en libertad a personas en el Distrito Judicial de Coatzacoalcos. Florencio “N” fue trasladado a los juzgados de Pacho Viejo, en Coatepec, y posteriormente fue vinculado a proceso.

Jiménez Aguirre ha insistido en que la transparencia y las sanciones a actos de corrupción son fundamentales para garantizar la justicia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.