Pese a 'criterios diferentes', atenderá PJE lo que ordene justicia federal

La magistrada del Poder Judicial del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, afirmó que, aunque puede haber diferencia de criterios con autoridades jurisdiccionales federales, siempre se respetarán ejecutorias que ordenen la liberación de presuntos responsables de cometer delitos.

Lo anterior al ser cuestionada sobre el amparo, así como su ratificación ante un Tribunal Colegiado, en el que se ordenó la liberación de Óscar Felipe “N”, presunto asesino del chef Miguel Ángel Sulvarán Xolo.

La magistrada presidenta aseguró desconocer el caso en concreto, así como la orden de su liberación, señalando que serán respetuosos de las ejecutorias emanadas de autoridades federales, aunque en ocasiones existen diferencias de opiniones.

“Nosotros somos respetuosos desde el Poder Judicial estatal, somos respetuosos de las decisiones que se toman en el Poder Judicial Federal.

"También hay cuestiones jurisdiccionales, tan es así que se generan las jurisprudencias porque hay criterios encontrados, lo que dice un juez, por ejemplo, aquí en Xalapa, no es lo mismo que un juez de Distrito en Veracruz o en Poza Rica y tampoco es lo mismo que dice un Tribunal Colegiado (…).

“Pueden variar las medidas cautelares que no sea la prisión preventiva, pero al final del día, insisto, tenemos que evaluar cada caso en particular y lo que sí puedo asegurar es que los jueces en Veracruz, del fuero común, resuelven conforme a Derecho y tienen libertad jurisdiccional (…). Cada uno resuelve de acuerdo con su jurisdicción, con plenitud de jurisdicción y evidentemente ejerciendo esa jurisdicción con una libertad”, señaló.

ACTOS DE TORTURA

Además, luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acreditó actos de tortura de la Fiscalía General del Estado en contra de Óscar Felipe “N” en su recomendación 091/2022 tras su detención en diciembre de 2021, la magistrada también dijo desconocer el fondo del asunto.

Aunque instó a jueces locales a estar atentos a posibles señalamientos que surjan en las audiencias y de la necesidad de aplicar el Protocolo de Estambul.

“Cuando un juez legaliza una detención con independencia de la manifestación que haga en un momento dado un imputado, su primera obligación es dar vista a la Fiscalía para que se inicie una carpeta de investigación por esos probables actos de tortura.

"Debemos de partir de la siguiente premisa: muchas veces es la sola manifestación, entonces también un juzgador tiene que sopesar, insisto, cada caso en particular.

“Ante esa manifestación dar vista a la Fiscalía para que se inicie una carpeta con base en el Protocolo de Estambul (…), se sigue cierta metodología para la investigación en el sentido de si hubo tortura o no. Insisto, yo no conozco a fondo el caso en particular ni tampoco la recomendación, pero en un momento dado la tendremos que analizar, tendremos que versificar si existe alguna responsabilidad y desde luego qué fue lo que sucedió”.

De acuerdo con la recomendación de la CEDH, Óscar Felipe “N” tuvo que ser hospitalizado, luego de que ministeriales abusaron de él con un palo hasta el punto de requerir intervención médica de urgencia. 

Aunque la recomendación va dirigida a la Fiscalía, Jiménez Aguirre dijo que cada caso se debe de atender de manera particular.

“Como tal es una recomendación, tendríamos primero que analizarla, cuál es la circunstancia particular. No todas las recomendaciones son iguales y van dirigidas a diversas autoridades.

"Nosotros hasta este momento no tenemos conocimiento de esta. Con independencia de eso, nosotros estamos en la mayor disposición de atender las recomendaciones porque somos garantes de derechos humanos” subrayó.