Organizaciones demandan que la Interrupción Legal del Embarazo sea considerado problema de salud pública

En el marco del 2º aniversario de la Despenalización del Aborto en el estado de Veracruz, organizaciones de la sociedad civil de diferentes puntos del estado nos reunimos para demandar que la interrupción legal de embarazo (ILE), sea atendido como un problema de salud pública por los diferentes niveles de gobierno, principalmente del sector salud. Las respuestas que nos envían las dependencias federales no son congruentes con los avances del estado en la materia.

En la entidad el aborto está despenalizado gracias a las acciones realizadas desde la sociedad civil, al apoyo de organizaciones expertas y aliadas que en su momento pusieron el tema en la mesa del Congreso de Veracruz.

Es importante resaltar, aunque solo 11 estados han logrado la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), la lucha continúa hasta que las instancias de los tres niveles de gobierno cumplan con lo que les corresponde hacer.

En 2020, la tasa específica de fecundidad en las adolescentes de 15 a 19 años fue de 53.94 nacimientos por cada mil mujeres, 53 municipios en Veracruz concentran el 50 % de estos embarazos.

Es importante mencionar que la violencia sexual en el estado ocupa el 2º lugar con 44.4% de las violencias presentadas. En tal caso, el embarazo adolescente enfrenta una tasa de fecundidad específica más elevada (2.02 nacimientos por 1000 mujeres de entre 10 a 14 años) que la media nacional. Lo  cual requiere de estrategias específicas de prevención de violencia sexual.

En Veracruz, mujeres, niñas, adolescentes, con capacidad de gestar en edad reproductiva  son derechohabientes del IMSS e ISSSTE, quienes enfrentan obstáculos para acceder a un aborto seguro, escudándose en la supuesta falta de reforma al Código Penal Federal, pasando por alto la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual constituye precedente obligatorio para todo el país y todas las autoridades, lo que genera que a dos años de la despenalización del aborto, las mujeres sigan registrando la criminalización social, por parte de las autoridades sanitarias quienes tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el servicio de aborto seguro. 

Por todo lo anterior, exigimos:

1. Que se garantice a las mujeres, adolescentes y personas con capacidad de gestar el acceso al aborto seguro y gratuito en las instituciones públicas como IMSS, ISSSTE y en los servicios de salud de las entidades federativas.

2. Que se garanticen las políticas públicas señaladas en la acción de inconstitucionalidad 148/2017 emitida por la SCJN, en la que se establece de forma clara que el Estado debe diseñar políticas públicas encaminadas a fortalecer la educación sexual de calidad y científica y la garantía de que el acceso al aborto en las instituciones de salud pública sea de forma accesible, gratuita, confidencial, segura, expedita, y no discriminatoria.

Firman:

• Colectivo  Marea Verde Altas Montañas.
• Colectivo Feminista de Xalapa AC
• Colectivo Marea Verde Totonacapan
• Colectivo Akelarre A.C
• Colectivo Colemena Verde
• Fundación Mexicana Para la Planeación Familiar MEXFAM Veracruz.
• REMUFEVER
• REDefine Veracruz
• Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio