Opaco, Poder Judicial de Veracruz respecto al combate a la corrupción

Aunque la presidenta del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz, sostiene una política de combate a la corrupción, para este 2022 solo se ha hecho pública una sanción contra un servidor público de dicha institución autónoma.

Miriam Guzmán Ortiz, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia especializado en Materia Familiar en Pánuco, fue sancionada por retrasar el cumplimiento de una sentencia.

Ello de acuerdo con la versión pública del procedimiento sancionador se da cuenta de que la servidora pública no dio vista al juez del estado que guardaban unos expedientes relativos a un caso en la materia familiar.

Con estos actos y omisiones, se acusó que la entonces secretaria de acuerdos, en el momento que fueron documentados los hechos -2019- bloqueó el acceso a la justicia “pronta y expedita” de los afectados.

“… máxime que se trata de juicios civiles donde se encuentran inmiscuidos derechos de menores como acreedores alimentarios”, destaca la sentencia.

Entre las irregularidades que se le reprochan a Guzmán Ortiz es que tenía poco más de un año que debía realizar las certificaciones de un caso donde se buscaba la declaración de rebeldía de la parte demandada en un juicio de alimentos.

No obstante, aunque se ordenó desde agosto de 2018 realizar tales certificaciones, a la fecha de los hechos, noviembre de 2019, la Secretaría no había acordado lo indicado.

Otro juicio llevaba también seis meses sin haberse fijado audiencia alguna para iniciar formalmente el proceso; en uno más tampoco había diligencia de emplazamiento a la parte demandada, por lo que la pensión provisional no se había materializado.

“Es por todo lo anterior que se advierte una posible falta de vigilancia por parte del secretario de acuerdos (…) en virtud de que no se dio cuenta al Juez del estado que guardaban los autos para que él estuviera en posibilidad de proveer lo conducente”, señala.

Pese a todo ello, se impuso a la secretaria como sanción un apercibimiento privado, con inserción a su expediente personal.

Recientemente Romero Cruz afirmó que venía un “golpe duro” contra los jueces y trabajadores investigados por supuestos actos de corrupción y “pereza”.

En semanas pasadas, la presidenta aseveró que se trabajaba duro contra la corrupción, tanto que anunció que había entre ocho o diez jueces y trabajadores a los que se les ha abierto procedimientos y están cesados del cargo.

Para entonces, aseveró que dos personas estaban ya procesadas y vistas para ser sancionadas, siendo una de ellas es un juez y la otra una administradora de procesos.