Hasta 800 indígenas estarían presos irregularmente en Veracruz; exigen revisión

El diputado de Morena, Bonifacio Castillo Cruz, presentó un anteproyecto de punto de acuerdo por el que se exhorta a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, revisar si indígenas están injustamente recluidos en Veracruz.

El legislador aseveró que hay hasta 800 presos indígenas que han sido víctimas de una mala integración en sus casos y por ello siguen encarcelados.

Por lo anterior, el legislador exhortó a que el Poder Judicial informe de los casos donde están implicados pueblos y comunidades indígenas.

ESTADO DE INDEFENSIÓN

Durante la celebración de la sesión ordinaria de este miércoles, el legislador sostuvo que el estado de indefensión en el que ha vivido dicho sector poblacional frente a la impartición de justicia, deriva de una falta de defensa técnica y adecuada, que incluso está garantizada por la propia Constitución.

Dijo que esto acarrea a su vez la violación al principio de presunción de inocencia de que deben gozar todos los procesados.

“Es por ello que a los integrantes de comunidades indígenas del estado se les vincula a proceso violando su derecho constitucional a ofrecer pruebas con lo que pueden demostrar que no cometieron los hechos constitutivos de delitos que se les imputa o vincula a proceso”.

Agregó que normas jurídicas internacionales determinan que incluso los procesos penales deben seguirse, a los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo con el derecho consuetudinario que debe prevalecer y conforme a los usos y costumbres.

Criticó que no solo no se tome en cuenta lo anterior, sino que se les somete a proceso en una lengua que no entienden, derivando en vinculaciones, sentencias o aprehensiones que los mantienen privados de su libertad.

URGEN REVISIÓN INTEGRAL

Señaló que, por ello, es urgente y necesaria una revisión integral de todos los autos de vinculación a proceso y sentencias dictadas contra los integrantes de este sector, ello para constatar si las sentencias condenatorias se dictaron teniendo en cuenta los usos y costumbres.

Pero, si el órgano jurisdiccional fue omiso al respecto, afirmó que dichas sentencias son violatorias de derechos humanos y debido proceso, por lo que en consecuencia se debe poner en inmediata libertad a los condenados.

Por cuanto hace a los autos de vinculación a proceso, señaló que deben igualmente revisarse si hasta esa etapa procesal fueron debidamente asistidos por un defensor que hablara su lengua materna “y de no ser así, también es violatorio de derechos humanos, debido proceso y del principio de presunción de inocencia”.

En ese sentido fueron sentenciados y tienen privados de su libertad a más de 800 integrantes de los pueblos y comunidades indígenas en los centros de reclusión del sistema penitenciario estatal.

"Así como también sujetos a vinculación a proceso por diversos delitos en los cuales no tuvieron una defensa adecuada y técnica, por defensores que hablen su lengua materna, que les permitieran ofrecer pruebas e incluso promover juicios de amparo para una defensa”. 

Agregó que la mayoría de los integrantes del sector indígena que están condenados desconocen que tienen derechos y beneficios de preliberación y sanciones no privativas de libertad, por lo que insistió que deben ser revisados todos y cada uno de sus casos.