FGE-Veracruz se niega a informar cuántos detenidos hay por delitos contra las instituciones

La Fiscalía General del Estado (FGE) se negó a responder cuántas personas mantiene bajo proceso y/o privadas de su libertad por el delito contra las instituciones de seguridad pública, tipo penal que sustituyó al derogado ultrajes a la autoridad y que ha generado cuestionamientos por parte de críticos a la procuración de justicia en Veracruz.

Cabe recordar que este delito es el que se le pretendió imputar el pasado 5 de junio a la exjueza de control de Veracruz, Angélica “N”, de acuerdo con sus propios dichos, pues afirmó que le hicieron disparar un arma y buscaban acusarla de haber agredido a los agentes de la Policía Estatal que la detuvieron. La jueza quedó en libertad, sin embargo posteriormente fue sujeta a proceso por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.

De acuerdo con el Código Penal para el estado de Veracruz en su artículo 371 quinquies comete el delito contra las Instituciones de Seguridad Pública, a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, “de tal manera que, en razón del arma empleada, de la fuerza o destreza del agresor, pueda producirle como resultado lesiones o muerte”.

Para dicho supuesto, el código señala que se impondrán de siete a 15 años de prisión y multa de 400 a 800 unidades de medida y actualización diarias.

FISCALÍA NO TIENE INFORMACIÓN

Al respecto, a través de una solicitud de información, se pidió a la Fiscalía que informara cuántas personas ha procesado desde el 2019 y propiamente desde marzo de 2021, cuando el tipo penal de ultrajes empezó a utilizarse de mayor forma, hasta su derogación por declaración de inconstitucionalidad de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La solicitud fue enviada, por órdenes de Mauricia Patiño González, directora del área de transparencia hacia la oficina del director del Centro de Información e Infraestructura Tecnológica de la FGE, quien afirmó no tener información para responder ni una sola de las 11 preguntas planteadas.

“En base a su solicitud hago de su conocimiento que esta Dirección a mi cargo, no posee, genera o resguarda información como lo requiere el solicitante, por lo que no puedo dar respuesta a los cuestionamientos”, respondió Publio Romero Gerón.

El director del centro de información justificó su negativa en los artículos 143 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información vigente en el estado, así como en el criterio sustentado por el Instituto “Federal” de Acceso a la Información donde se indica que las instituciones no están obligada a generar información “ad hoc” para responder una solicitud.

Sobre el delito en cuestión, abogados de Veracruz han señalado que buscarán, al igual que ultrajes a la autoridad, que sea declarado inconstitucional, pues ha traído un “efecto corruptor” de la ley en la entidad.