Organizaciones exigen garantías para aborto seguro y gratuito en Veracruz

• Sólo 11 estados del país han logrado que la interrupción del embarazo sea legalizada

Diversas organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron porque se garantice a las mujeres y adolescentes el derecho al aborto seguro y gratuito en la entidad, mediante instituciones públicas como el IMSS, el ISSSTE y los Servicios de Salud de Veracruz. 

En el marco del segundo aniversario de la despenalización del aborto en el estado, representantes de las organizaciones demandaron que la Interrupción legal de Embarazo (ILE) sea atendida como un problema de salud pública por los diferentes niveles de gobierno. 

Deuda pendiente con la salud y los derechos de las mujeres

Recordaron que sólo 11 estados del país han logrado que la interrupción del embarazo sea legalizada, por lo que aseguraron que la lucha continua hasta que las instancias de los tres niveles de gobierno cumplan con lo que les corresponde.

Indicaron que en 2020, la tasa específica de fecundidad en las adolescentes de 15 a 19 años fue de 53.94 nacimientos por cada mil mujeres, por lo que 53 municipios en Veracruz concentran el 50 por ciento de estos embarazos. 

"Es importante mencionar que la violencia sexual en el estado ocupa el segundo lugar con 44.4 por ciento de las violencias presentadas. En tal caso, el embarazo adolescente enfrenta una tasa de fecundidad específica más elevada (2.02 nacimientos por 1000 mujeres de entre 10 a 14 años) que la media nacional", señaló Martha Mendoza Parissi, defensora de los derechos de las mujeres. 

Señalaron que ante esta situación se requiere de estrategias específicas de prevención, pues a pesar de que mujeres, niñas y adolescentes son derechohabientes del IMSS e ISSSTE se deben enfrentar a varios obstáculos para acceder a un aborto seguro.

"Escudándose en la supuesta falta de reforma al Código Penal Federal, pasando por alto la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

Afirmaron que la reforma constituye un precedente obligatorio para todo el país y todas las autoridades, "lo que genera que a dos años de la despenalización del aborto, las mujeres sigan registrando la criminalización social, por parte de las autoridades sanitarias quienes tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el servicio de aborto seguro".

Insistieron en que el estado debe diseñar políticas públicas encaminadas a fortalecer la educación sexual de calidad y científica. Así como la garantía de que el acceso al aborto en las instituciones de salud pública sea de forma accesible, gratuita, confidencial, segura, expedita, y no discriminatoria.