Derrota tras derrota: estos casos se le cayeron a la FGE de Veracruz a cargo de Verónica Hernández

La Fiscalía de Verónica Hernández Giadáns sigue acumulando derrotas en Veracruz y su labor quedó evidenciada en casos mediáticos. Recientemente, la titular del organismo autónomo se unió a los titulares de los tres poderes en la entidad para señalar que los criterios adoptados por el Poder Judicial Federal dejarían libres a presuntos responsables de delitos grave mediante la variación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por amparos de jueces federales.

Sin embargo, expertos señalan que la Fiscalía tiene la posibilidad de requerir medidas cautelares como la prisión preventiva justificada, de ahí que el organismo autónomo tiene la responsabilidad de presentar los argumentos para que los presuntos responsables sigan sus procesos desde prisión.

Al respecto, el abogado penalista Arturo Nicolás Baltazar aseguró que este criterio que asumió el Poder Judicial Federal no abre la puerta a que miles de presuntos delincuentes privados de la libertad en la entidad puedan salir de la prisión y con ello continuar sus procesos penales en libertad, como lo han expresado las autoridades veracruzanas a través de conferencias y comunicados. 

“Aquí el punto medular es si la Fiscalía tiene la capacidad de justificar el por qué una persona tiene que permanecer privada de su libertad”, reiteró el abogado, recordando que la prisión preventiva oficiosa se aplica en delitos graves contemplados en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No obstante, previo al criterio federal, la Fiscalía ya había sufrido distintos reveses.

CASO JOSÉ MANUEL DEL RÍO 

El 17 de junio de 2022, José Manuel del Río Virgen, quien previamente había ejercido como alcalde de Tecolutla y también ocupado el cargo de secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, recuperó su libertad después de haber pasado seis meses recluido en el Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo.

En ese entonces, la Fiscalía lo había señalado como presunto responsable de ordenar el asesinato de Remigio “René” Tovar, quien había sido candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera y fue asesinado en 2021. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) no presentó pruebas que vincularan a José Manuel del Río con el crimen.

Una sentencia emitida por un Colegiado de Circuito determinó que el juez de control de Pacho Viejo, Francisco Reyes Contreras, no debía procesar al político de Movimiento Ciudadano y ordenó su liberación. La audiencia, llevada a cabo en la sala de juicios orales, marcó el cumplimiento de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. Esta sentencia confirmó la decisión previa, otorgó el amparo solicitado para revocar la vinculación y la prisión preventiva, y dejó sin efecto otras revisiones adhesivas presentadas.

Como resultado de esto, José Manuel del Río, miembro de Movimiento Ciudadano, fue recibido con vítores y aplausos por parte de sus compañeros de partido, familiares y amigos provenientes de diversos municipios de la región norte, como Papantla. Estos manifestaron su apoyo con cánticos de "fuerza del Río" y a la fecha se le considera un precandidato a la gubernatura de Veracruz por dicha fuerza política.

En una entrevista posterior, José Manuel del Río lamentó la falta de pruebas en su contra y agradeció a los jueces, magistrados federales y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por respaldarlo. Señaló que esta experiencia le había enseñado mucho y enfatizó su creencia en la inocencia de muchos otros detenidos en situaciones similares. Agradeció especialmente a Ricardo Monreal por su intervención y mencionó que el senador ya había logrado la liberación de jóvenes acusados injustamente en el pasado.

José Manuel del Río también expresó su gratitud hacia las autoridades penitenciarias por su trato, así como hacia el senador Dante Delgado, quien, según su opinión, también había sido "secuestrado" en la misma prisión durante el gobierno de Patricio Chirinos. Destacó que una parte considerable de los internos en el penal eran inocentes y abogó por su liberación tras procesos adecuados.

YOLLI "N", EX TITULAR DEL IVAI

Apenas en julio pasado, luego de tres años presa, la excomisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli “N”, recibió una nueva medida cautelar que le permitió salir del Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo. 

El juez federal le concedió el resguardo en su domicilio por un año con la libertad de acudir al servicio médico cuando sea necesario. Además, se le impuso una garantía económica 500 mil pesos que debe cumplirse en 30 días, refirió el abogado defensor Jorge Luis Lascano Pale. 

Yolli “N” fue detenida en marzo de 2020 y tiene tres procesos penales abiertos. El primero es por abuso de autoridad y coalición, el segundo por incumplimiento de un deber legal y el tercero por peculado, del cual quedó con prisión domiciliaria al recibir el amparo de un juez federal como parte del incidente de Suspensión 1052/2022. 

Posteriormente se informó que los otros excomisionados del IVAI detenidos también siguen sus procesos en libertad.

PASIANO RUEDA

El 28 de junio, Pasiano Rueda, quien fue electo como presidente municipal de Jesús Carranza, recuperó su libertad después de que un juez federal determinara el "sobreseimiento" de la carpeta de investigación 180/2021 en su contra. 

Pasiano Rueda, postulado por el Partido del Trabajo, había sido acusado de "ultrajes a la autoridad", pero dicho delito fue declarado inconstitucional el 28 de febrero previo, lo que resultó en la ausencia de motivos para continuar con la persecución legal. La detención de Pasiano Rueda se había producido tras la anulación de la primera elección debido a actos de violencia y la destrucción de material electoral en la sede del Consejo Municipal el 19 de junio de 2021. Tras la anulación, se convocaron elecciones extraordinarias en las cuales Pasiano Rueda resultó ganador incluso desde su reclusión en el penal de Tuxpan.

AZUCENA RODRÍGUEZ

Poco después de concluir su mandato como diputada federal, la miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Norma Azucena Rodríguez Zamora, fue detenida bajo cargos de homicidio doloso en contra de su exesposo Nicanor Martínez, quien había sido candidato suplente de Morena para la alcaldía de Tihuatlán. 

Azucena Rodríguez logró recuperar su libertad mediante un amparo, ya que el Juez de Distrito consideró que se había violado el debido proceso en su caso. Sin embargo, fue trasladada al penal de Coatlán del Río, en el estado de Morelos, ubicado a más de 357 kilómetros de distancia de Veracruz, en donde enfrentaría el proceso legal junto a Ethel Margarita "N" y Marco Antonio "N", quienes también estaban acusados del mismo crimen.

TITO "N"

Aunque sigue detenido en el Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo por delitos ambientales, el exalcalde de Tierra Blanca, Tito "N", había obtenido un amparo para cambiar la medida de prisión cautelar debido a las acusaciones de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude durante su periodo como presidente municipal. 

Sin embargo, el mismo día en que se le permitió abandonar la prisión de Pacho Viejo, fue detenido nuevamente por elementos de la Policía Ministerial bajo una orden de aprehensión en su contra. Tito Delfín había sido arrestado originalmente por un delito de contaminación ambiental vinculado a un vertedero en Tierra Blanca.

Sin embargo, el exaspirante a la dirigencia estatal del PAN, Tito “N”, nuevamente fue vinculado a proceso por su presunta participación en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude a inicios de agosto. Esto pese a que el exalcalde de Tierra Blanca había conseguido un amparo de un juez federal, resolutivo ratificado ante un Tribunal Colegiado. 

La autoridad jurisdiccional ordenó dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado, así como dictar una nueva determinación en la que subsane los vicios formales destacados en el proceso.  Además, se ordenó declinar competencia al juez de control que ejerce jurisdicción en el municipio de Tierra Blanca, para que siga conociendo del asunto. 

Tito “N” fungió como presidente municipal de Tierra Blanca del 2011 al 2013 y fue detenido el 27 de noviembre del 2021 por los delitos de incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y fraude durante su gobierno. 

BERNARDO "N", EXSUBSECRETARIO DE SEFIPLAN

El caso de Bernardo "N", exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, resultó en una disputa pública con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez hacia los Jueces de Distrito y Colegiados de Circuito del Séptimo Circuito (Estado de Veracruz). La Jueza Decimoquinta de Distrito, Daniela León Linarte, favoreció a Bernardo "N" al ordenar al Juzgado de Control y Proceso Penal que corrigiera la medida cautelar de prisión preventiva, alegando una seria violación de derechos humanos, libertad personal y presunción de inocencia. La Jueza León Linarte consideró que la vinculación se basó en argumentos insuficientes, lo que llevó a la liberación de Bernardo "N", acusado de desvíos de recursos.

ANTONIO "N", EXTITULAR DE FINANZAS

La Fiscalía General del Estado acusó a Antonio "N", extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, de tres delitos relacionados con corrupción. Sin embargo, en abril de 2022, obtuvo un amparo que evitó su vinculación a proceso por desvío de recursos. El juicio de amparo 968/2021 concluyó que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para presumir su responsabilidad en el delito. 

Aunque Antonio "N" evitó una acusación por desvío de recursos, aún deberá enfrentar cargos por abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.

ERICK IVÁN AGUILAR LÓPEZ

Erick Iván Aguilar López, exdiputado local por Misantla, obtuvo el beneficio de modificar la medida cautelar de prisión preventiva el 27 de julio. Como resultado, Aguilar López salió del Centro de Reinserción Social de Duport Ostión de Coatzacoalcos, pero aún está sujeto a proceso por tres delitos del fuero común. Un juez de Control de Pacho Viejo impuso una nueva medida cautelar que incluye la firma periódica cada quince días, una garantía económica y la prohibición de abandonar el país, como parte del proceso penal 74/2020. Además, por el proceso penal 180/2020, se ordenó el resguardo domiciliario, permitiendo salir únicamente para cumplir con la firma periódica y para consultas médicas.

Estos son solo algunos de los casos que la Fiscalía ha perdido o en los que el proceso continúa con los imputados en libertad.