En un oficio dirigido al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, empresarios liderados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Xalapa, alzaron la voz contra lo que describen como abusos por parte de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA), encabezada por Sergio Rodríguez Cortés.
La denuncia se centra en la aplicación de multas exorbitantes sin un tabulador claro, como lo requiere la Ley Estatal de Protección Ambiental de Veracruz.
Los empresarios señalan que la PMA determina las sanciones, considerando el tamaño de la empresa y su número de trabajadores, sin seguir un criterio establecido.
El proceso denunciado inicia con una inspección tras una supuesta denuncia ciudadana.
Posteriormente, se comunica a la empresa que enfrenta el cierre si no envía a su representante legal a comparecer ante la PMA en un plazo máximo de 48 horas.
Durante la reunión, la Procuraduría presenta una sanción que supera las 12 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Las empresas afirman que se les ofrece la opción de reducir la multa, ya sea en un solo pago o en 30 días. Si no se hace el pago de la multa, se haría la clausura total del negocio.
Acusan que esto se hace para evitar que se amparen o presenten defensa, contraviniendo la Ley Estatal de Protección Ambiental que debería permitir conciliación y presentación de pruebas.
Ante la difícil situación económica exacerbada por la pandemia de COVID-19 y nuevas disposiciones legales, los empresarios solicitaron una mesa de trabajo presidida por el Gobernador de Veracruz Cuitláhuac García, acompañada por funcionarios estatales y representantes de las cámaras empresariales.
El objetivo es llegar a acuerdos que regulen las prácticas de la Procuraduría Ambiental y proporcionen un marco más equitativo para las empresas en Veracruz.