Integrantes del Movimiento por la Justicia afirmaron que agentes de Ministerio Público, peritos, fiscales y jueces que se prestaron para perpetrar abusos con el delito de ultrajes a la autoridad deberán rendir cuentas.
Esto una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucional este tipo penal en la entidad.
Además, en conferencia de prensa, hicieron un llamado a las autoridades de Veracruz para agilizar la liberación de personas detenidas por ultrajes.
El senador, Dante Delgado Rannauro, afirmó que el máximo tribunal del país le hizo “el trabajo” al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo en Veracruz, poniéndose del lado de la “Ley de la Justicia”.
Por su parte, la abogada y académica Rosa Ilda Rojas, recordó que las barras de abogados y los académicos de Veracruz siempre se opusieron a la legalidad del delito contenido en el artículo 331 del Código Penal de Veracruz, reformado a propuesta del Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.
“Debo señalar que el profesorado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana se pronunció inmediatamente respecto a la inconstitucionalidad de dicho artículo, a ellos se unieron los Colegios, barras y asociaciones de abogados y posteriormente en el Movimiento de la Justicia estamos luchando por las arbitrariedades que derivaron de la aplicación del artículo 331 por parte del Poder Judicial del Estado”, indicó.
Añadió que a partir de lo que resolvió la Suprema Corte en su sesión del lunes vuelve retroactiva la Ley hasta marzo de 2021, cuando fue aprobada. Por ello, expuso, el Poder Judicial debe ordenar la inmediata libertad de quien fue vinculado a proceso por dicho delito.
“Hacemos un llamado al Poder Judicial para que de manera oficiosa gire instrucciones a los jueces de control y en su caso a los jueces de juicio para que inmediatamente ordene la libertad de estas personas”, añadió.
Por su parte, Dante Delgado Rannauro agregó que con los equipos de abogados que forman parte del Movimiento por la Justicia se realizará un seguimiento de acciones y violaciones de Derechos Humanos por parte de las autoridades en Veracruz.
“Aquí no hay margen para la impunidad, quien aceptó, acepte consignas, pagará por los actos que cometa o que cometió al margen de la Ley; quien la hizo va a tener que pagarla y esto va también para el juez Francisco Reyes Contreras, que retrasó la audiencia federal en la que se decretará la liberación de José Manuel “N”.
Respecto al caso del exsecretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, quien se encuentra en prisión preventiva por su presunta participación en el delito de homicidio perpetrado contra el excandidato a la presidencia municipal de Cazones de Herrera, Remigio Tovar, el senador acusó dilación de las autoridades.
“Hay una práctica dilatoria que tiene como único fin mantener a José Manuel “N” preso por órdenes del Gobierno estatal, al igual que pasa con el exsecretario de Gobierno, Rogelio “N”, quien fungió en el cargo en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares”.
Reiteró que fiscales, jueces y ministerios públicos tendrán que rendir cuentas y pagar por el daño hecho a los veracruzanos.
“Si el gobernador de Veracruz está obsesionado en defender a jueces corruptos, el Movimiento por la Justicia va a ser lo que esté a su alcance para garantizar los Derechos y el Estado de Derecho.
“A todos aquellos que hoy están abusando del poder y que creen que gozarán de impunidad, que permite con su manto protector el Gobierno Federal y que asume como un acto de autoridad un gobierno incompetente como es el de Veracruz les digo que la justicia va a prevalecer y que deberán asumir las consecuencias jurídicas, morales y penales de sus actos”, agregó Delgado Rannauro.
Finalmente indicó que están trabajando para desahogar los 90 casos que se le entregaron por parte de la fallida Comisión sobre Veracruz en el Senado de la República, con el objetivo de atender todos los actos que faciliten la libertad de inocentes”.