Congreso Federal pide a Veracruz alinearse a Ley General de Movilidad y Seguridad Vial

El Congreso de la Unión hizo un llamado a la LXVI Legislatura de Veracruz para que alinee sus regulaciones en el ámbito de la movilidad y seguridad vial con las disposiciones establecidas en la flamante Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Según consta en el comunicado oficial con número CP2R2A.-2008.29, datado el 8 de agosto, la Comisión Permanente notificó al Congreso de Veracruz sobre esta determinación, la cual ordena a las distintas entidades federativas armonizar sus legislaciones en torno a la movilidad y seguridad vial, en congruencia con las recientes normativas dictadas.

Este asunto, derivado a la Junta de Coordinación Política, retoma las resoluciones presentes en la propuesta consensuada por el Congreso de la Unión. Dentro de esta propuesta, se estableció como fecha límite el 30 de noviembre de 2022 para culminar el proceso de homologación de las leyes locales con las disposiciones federales.

EXHORTO A TODO EL PAÍS

El exhorto en cuestión fue extendido por la Comisión Permanente a las legislaturas de diversas entidades federativas, tales como Veracruz, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, México, Guerrero, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Campeche, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas. Estas legislaturas deberán acatar esta solicitud para asegurar la aplicación efectiva de la nueva normativa.

Entre los elementos destacados que engloba la legislación reciente, vigente a partir de mayo de 2022, se encuentra la creación del Sistema de Información Territorial y Urbano. Este sistema se sustenta en una base de datos integral que incorpora la información proporcionada por los tres niveles de gobierno.

De manera similar, las entidades están compelidas a implementar una base de datos que contenga información sobre licencias de conducir, operadores de servicios de transporte, infracciones de tránsito, accidentes viales, calidad de los servicios de transporte público, cantidad de rutas de transporte público, así como el registro de altas y bajas de placas de vehículos, ya sean usados o nuevos. 

Además, la nueva normativa requiere la inclusión de los resultados de las inspecciones de seguridad vial. Otra disposición relevante instruye tanto al Estado como a los municipios a colaborar estrechamente en la gestión de planes, programas, estrategias y acciones relacionadas con el desarrollo urbano, la movilidad y la seguridad vial.