Sebastián Cano Rodríguez, regidor de MORENA en Veracruz, destacó la importancia de que el ayuntamiento sea quien dé "el primer paso" para retirar la concesión del servicio de agua a Grupo MAS.
Estas declaraciones surgen luego de que Rafael Fararoni Magaña, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, dejara en claro que su papel se limita a ser un mero espectador en las acciones contra la empresa.
Fararoni Magaña señaló que la facultad de proceder o no contra Grupo MAS recae en el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), ya que es esta institución la encargada de determinar si se han cometido acciones al margen de la ley en la prestación del servicio de agua.
Sin embargo, Cano Rodríguez enfatizó que la responsabilidad de dar inicio al proceso de revocación de la concesión recae en el ayuntamiento, específicamente en el liderazgo de Patricia Lobeira Rodríguez, quien encabeza el ayuntamiento panista.
"En primera instancia, el ayuntamiento debe ser quien dé ese primer paso para que se dé todo este proceso de revocación de la concesión a Grupo MAS", afirmó Cano Rodríguez.
El regidor también hizo hincapié en que, a pesar de que desde el inicio de la administración se planteó la posibilidad de retirar la concesión, la falta de mayoría en el ayuntamiento ha impedido que se lleve a cabo.
"Lamentablemente, somos minoría. Normalmente las votaciones son 9 contra 6, entonces con esa circunstancia, poco podemos hacer al respecto los regidores de Morena", explicó Cano Rodríguez, justificando la dificultad que enfrentan para avanzar con la revocación de la concesión.
Además, el regidor acusó al ayuntamiento panista de colaborar estrechamente con la empresa, citando un evento reciente en el que el ayuntamiento inauguró una bomba de agua, una tarea que considera exclusiva de Grupo MAS, ya que son ellos quienes deben encargarse del mantenimiento y construcción de las bombas necesarias.
Cano Rodríguez reiteró que la decisión de revocar o no la concesión no debe recaer en instancias externas como el ORFIS o el Congreso, sino que es una responsabilidad absoluta del ayuntamiento. Esta misma situación se presenta en Medellín de Bravo, donde el ayuntamiento también tiene un rol fundamental en el proceso de revocación.