Dos alcaldes veracruzanos, al registro nacional de violentadores

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la inscripción de los alcaldes de Actopan y Cazones, María Esther López Callejas y Miguel Uribe Toral en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Ambos ediles ya habían recibido la sanción por parte del Organismo Público Local Electoral y avalada por el Tribunal Electoral de Veracruz, sin embargo buscaron apelar tal determinación.

Sin embargo, en su intento por no ser inscritos en dicho padrón, buscaron el criterio de la Sala Regional del Tribunal sin tener éxito.

De esta forma, por unanimidad los magistrados que integran la Sala Regional confirmaron las sentencias mediante las cual se les inscribió en el registro de violentadores.

Los motivos

Por un lado se acreditaron conductas de violencia de género en materia política de María Esther López Callejas en contra de una de las regidoras.

En su intento por impedirlo, la alcaldesa de Actopan argumentó que el Tribunal Electoral de Veracruz recibió la queja con extemporaneidad de la denuncia de la parte agraviada y una supuesta falta de justificación “constitucional y convencional”.

Tales argumentos no fueron válidos para el criterio de los magistrados, quienes de esta forma confirmaron la inscripción de la alcaldesa en el registro.

Por su parte, el alcalde de Cazones de Herrera, Miguel Ángel Uribe Toral intentó también evadir la sanción de violencia de género en contra de la Síndica Única de ese ayuntamiento, Laura Hernández Castillo.

Aunque originalmente, el Tribunal Estatal Electoral de Veracruz había determinado que no hubo violencia por parte del alcalde en contra de la síndica, los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cambiaron el sentido de la resolución.

Establecieron que el alcalde Uribe Toral cometió actos para obstruir la labor de la síndica y con ello cometió violencia política de género.

Dicha obstrucción consistió en la incorrecta delegación de facultades propias de la Sindicatura Única al Director Jurídico del Ayuntamiento.

“En la consulta se establece que se acredita la existencia de violencia política en razón de género cometida en contra de la actora, pues existen elementos que llevan a advertir estereotipos en el comportamiento del presidente municipal” resolvió la Sala Xalapa.