De julio a noviembre el Sistema Estatal Anticorrupción recibió 13 denuncias contra el servicio público en general.
Alma Delia Hernández Sánchez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del sistema estatal, explicó que los consejeros ciudadanos reciben la denuncia y la canalizan a la autoridad correspondiente para que se cumpla con la investigación y sanción.
Mediante esa denuncia el presidente en turno del Sistema Anticorrupción puede solicitar el estatus de las investigaciones y dar seguimiento.
A la fecha canalizaron 13 y se mantienen a la espera de las resoluciones.
“El proceso de investigación y sanción le corresponde únicamente a las autoridades, porque la ciudadanía cree que el representante ciudadano puede meter a la cárcel o sancionar pero no. La ley no nos da esas atribuciones porque para eso hay perfiles profesionales”.
Hizo énfasis en que el Sistema Estatal Anticorrupción atiende las denuncias relacionadas al servidor público y no temas entre particulares.
Y es que de forma anónima recibieron dos denuncias señalando actos de ese tipo.
Al Comité Coordinador lo integran titulares de dependencias como: la Contraloría General del Estado, del Órgano de Fiscalización Superior, el IVAI, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa.
“Va a ser la participación de la sociedad en coadyuvancia con las autoridades lo que logre el combate a la corrupción. Las autoridades inmersas en el sistema es el titular del Orfis, de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, de la Contraloria, Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros”.
El sistema tiene entre sus tareas la prevención, detección y sanción ante actos de corrupción.
Sin embargo, la política estatal anticorrupción permanece detenida, por diversas adecuaciones.
La última modificación fue aprobada por el comité ciudadano hace dos meses y falta que el comité coordinador las avale.