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Por desapariciones, la mitad de las quejas recibidas por la CEDH

La FGE encabezó la lista de quejas este año, seguido de los ayuntamientos, afirmó la CEDH

Por desapariciones, la mitad de las quejas recibidas por la CEDH

La mitad de las quejas que recibe la Comisión Estatal de los Derechos Humanos son de familiares de desaparecidos, señaló la delegada de la CEDH, Namiko Matsumoto Benítez. Se deben sobre todo a la falta de investigación y  de integración de carpetas de investigación.

Aclaró que la  Comisión Estatal de los Derechos Humanos hace un acompañamiento permanente a los familiares de personas desaparecidas aunque no formen parte de colectivos. 

"Actuamos integrándolas y haciendo la investigación para determinar si efectivamente les asiste la razón a peticionario y a partir de ese momento es considerado como víctima desde la perspectiva de los derechos humanos". 

Dijo que hasta noviembre recibieron 90 quejas y 50 por ciento tuvo que ver con temas de salud, educación y del uso ilegítimo de la fuerza.

Sobre este último comentó que se volvió una constante, pues se acusa frecuentemente a los ayuntamientos, de usar a sus cuerpos de seguridad y a los inspectores de comercio para presuntos abusos.

Durante 2022 las autoridades municipales de diferentes municipios fueron los segundos más señalados ante la CEDH y a quienes se hizo un importante número de recomendaciones. 

"Este año los ayuntamientos escalaron del tercero al segundo lugar en quejas y por eso estamos colaborando con ello. Desde que iniciaron las administraciones municipales nos acercamos para colaborar con ellos en temas de capacitación, derechos humanos para todos sus servidores públicos".

El área que encabeza la lista de quejas ante la CEDH es la Fiscalía General del Estado, siguen algunos ayuntamiento y la Secretaría de Seguridad Pública.

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También se efectuaron recomendaciones este año a la Secretaría de Educación, de Salud, de Finanzas y Planeación y al Poder Judicial del Estado. 

Afirmó que el porcentaje de aceptación de recomendaciones es alto, aunque algunos lo aceptan parcialmente o rechazan los puntos recomendatorios. 

Los que más rechazan son los ayuntamientos y el Poder Judicial del Estado, que rechazó todas y se encuentran en recurso de revisión.

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