Ciudades judiciales del estado se construirán con recursos propios, afirmó Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Dijo que la cancelación de 20 contratos no implica echar para atrás el proyecto.
El dinero para las obras se obtendrá a través del presupuesto que le asignan al Poder Judicial a través del rubro de obra pública.
No detalló sobre los costos ya que cada complejo judicial cuenta con distintas características. Sin embargo, se dará prioridad a los distritos judiciales más grandes.
“Claro que se van a hacer, porque lo que se canceló fueron los contratos no las ciudades judiciales y la inversión está muy de la mano con las características de la ciudad judicial, lugar donde se encuentra ubicado, el tamaño. Yo no podría dar una cifra precisa porque depende del distrito judicial”.
Reconoció que se necesita construir ciudades judiciales, ya que hay distritos que carecen de este tipo de complejos que facilitan la impartición de justicia.
A la par continuará la reasignación de juzgados en el estado.
“Estas reasignaciones se realizan de acuerdo a las necesidades. Si algún juzgado ubicado en un inmueble que no es adhoc pues se va a mover o trasladas a un inmueble que cuenta con las mejores condiciones para dar el servicio de administración de justicia”.
Insistió en que las Ciudades Judiciales se construirán conforme a la necesidad y tamaño del distrito.
Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz logró la cancelación de 10 contratos para la construcción de igual número de Ciudades judiciales. Se tenía que pagar 7 mil millones de pesos para la construcción de estos espacios.
En octubre del año pasado, la todavía magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Isabel Inés Romero Cruz, señaló su pretensión de cancelar la construcción de 12 ciudades judiciales al señalar que el adeudo generaba una crisis financiera en el poder.