Recordó que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la existencia de un plazo determinado para abortar
Con las nuevas disposiciones en Veracruz, las instituciones del sector salud tendrán la responsabilidad de apoyar a las mujeres de dicha entidad, o de lo contrario incurrirán en omisión.
Luego de la despenalización del aborto en Veracruz, las instituciones tienen la responsabilidad de apoyar a las mujeres para hacer valer sus derechos, señaló Nancy Torres Castañeda, de la agrupación Colmena Verde.
Agregó que también, deberá implementarse una campaña de información para que las féminas conozcan cuáles son sus derechos.
“Vamos a tener que difundir estas modificaciones al Código Penal para que las mujeres sepan que pueden acceder a ese derecho y también tenemos que seguir alzando la voz para disminuir esta situación de violencia que muchas vivimos”.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la existencia de un plazo determinado para abortar cuando se trate de un caso de violación.
“Es una responsabilidad porque sino caerán en omisión, no el médico sino la institución la cual nos debe garantizar el acceso en caso de violación. Este tema de la despenalización es un gran avance porque ser objetor de conciencia es personal pero las instituciones tienen una responsabilidad con nuestros derechos”.
Manifestó que Veracruz es un estado con dos alertas de género, la primera por feminicidio y la segunda por agravio comparado, por la cual se emitieron acciones y recomendaciones.
Torres Castañeda, consideró un gran avance para todas las veracruzanas la aprobación que se realizó en el Congreso del Estado, sobre todo ante la presión ejercida por diferentes grupos.
“Fue un día histórico. Ya se venía empujando estos temas por diferentes agrupaciones y ahora se nos está garantizando nuestra autonomía reproductiva y con ello la vida de muchas mujeres y niñas”.
Cabe mencionar que el Estado de Veracruz aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación convirtiéndose en el cuarto estado en impulsar la reforma. La Ciudad de México lo hizo en 2007, después Oaxaca y recientemente Hidalgo.