Grupo MAS debe ser sancionado por daño patrimonial: diputada de Veracruz

Las investigaciones por presunto daño patrimonial del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento deben culminar con una sanción y, sobre todo, con reparar los daños a los usuarios por las afectaciones en el servicio, para que haya verdadera justicia para los usuarios, aseveró la diputada federal Rosa María Hernández Espejo.

Consideró plausible el trabajo del Órgano de Fiscalización Superior, pues deja de manifiesto que los usuarios no estaban errados en señalar irregularidades en el servicio por parte del concesionario.

Afirmó que el daño se causó desde que en la administración municipal de Ramón Poo Gil, cuando se firmó la concesión al concesionario; pero también en la administración de Fernando Yunes Márquez y la actual, pues el problema persiste, sin consecuencias legales y con un dejar hacer.

ES SU ATRIBUCIÓN

La diputada federal por el distrito 4 de Veracruz recalcó que los últimos Ayuntamientos de Veracruz han sido omisos y hasta han renunciado a su deber.

"El agua es un servicio público que la Constitución marca que la debe procurar el Ayuntamiento, es de las pocas obligaciones que la Constitución mandata a los municipios: dotar de los servicios básicos y el agua es uno de ellos, además de que un derecho humano reconoció en la Carta Internacional de la ONU.

"Pero aquí en Veracruz las autoridades crearon ese entuerto llamado Instituto Metropolitano del Agua, que sólo ha servido de cómplice de la empresa concesionaria", señaló Hernández Espejo.

Sin embargo, lamentó que los procesos son muy lentos en la Legislatura Local y en las autoridades judiciales.

Dijo que tan sólo en la cuenta 2021 ya el Órgano de Fiscalización Superior dio aviso al Congreso del daño patrimonial que el Grupo MAS registró, pero el responsable ante el ciudadano es el Instituto Metropolitano del Agua (IMA), a quien debe rendir cuentas el Grupo MAS, y el IMA tiene que rendirlas al Ayuntamiento.

Dijo que durante el ejercicio 2021 el IMA habría cometido un presunto daño patrimonial por 42 millones de pesos, lo que consideró inadmisible y requiere acciones legales.