Fiscalías, 'caja chica' de exgobernadores en Veracruz
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Una investigación realizada por la Agencia Veracruzana de Comunicación y Noticias, en alianza con el International Center for Journalists y la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS, reveló que en los últimos nueve años se presupuestaron 30 millones de dólares para Servicios Periciales, pero el 70 por ciento de los recursos fueron utilizados de manera discrecional.
La investigación realizada por las periodistas Flavia Morales y Eirinet Gómez indica que únicamente 8.9 millones de dólares fueron invertidos en la adquisición de equipo tecnológico, de acuerdo con los registros oficiales.
En pesos mexicanos, significa que los recursos destinados para esta última década eran de aproximadamente 701 millones 380 mil 500 pesos (al tipo de cambio actual) y la institución únicamente invirtió 208 millones 076 mil 215 pesos.
El resto -detalla la investigación- fue gastado de forma arbitraria por cuatro fiscales, entre 2010 y 2018, en compras a sobreprecio, licitaciones simuladas, y adjudicaciones directas sin justificación.
En contraste, este presupuesto correspondiente a los últimos nueve años es superior a lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció para abatir la crisis forense del país. 21.500 millones de dólares para crear cinco institutos regionales forenses que atiendan el rezago de 12 estados del país y cinco cementerios forenses para cadáveres no identificados.
La respuesta a las solicitudes de información que enviaron las periodistas reveló que, al desvío de recursos para los servicios forenses, se sumaron otras anomalías: la violación de al menos nueve circulares, protocolos de identificación y búsqueda de desaparecidos que generaron un desorden en fosas comunes, y la simulación en la integración de una base de datos genéticas.
La guerra contra el narcotráfico (2010 hasta 2019) heredó más de ocho mil muertes violentas al estado de Veracruz, según el Sistema Nacional de Seguridad; más de 3 mil 600 desaparecidos ( hasta 2016) , y el brote de más de 400 fosas clandestinas, lo que rebasó los servicios forenses existentes.
En 2013, la Cruz Roja Internacional donó un sistema de base de datos basados en cuestionarios Ante Mortem (AM) -personas desaparecidas- Post Mortem (PM) - registros forenses de restos humanos no identificados-, como parte del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Pero esta se empleó hasta 2015 y con registros incompletos, lo que hace hasta ahora imposible su utilización para hacer cruces de datos e identificaciones positivas.
FALTAN PERITOS Y CERTIFICACIONES EN LOS SERVICIOS PERICIALES
El registro sobre el mal uso de los recursos en Servicios Periciales inició en 2010, el primer año de gobierno de Javier Duarte, con Reynaldo Escobar Pérez a cargo de la Procuraduría General del Estado, cuando se detectaron compras a sobreprecio y adjudicaciones directas sin control.
En 2012 el Consejo Nacional de Seguridad creó dos programas de prioridad nacional para los que envió recursos : el de genética y el de apoyos a los servicios forenses. Pero los desvíos continuaron entre 2015 y 2016, con los funcionario Amadeo Flores y Luis Ángel Bravo – cuando no se construyó un almacén de evidencias, ni dos servicios forenses en Veracruz y Coatzacoalcos.
Entre 2017 y 2018, con el cambio de gobierno, del PRI al PAN, y la llegada de Jorge Winckler a la Fiscalía General, tampoco se lograron avances.
Las fallas en los Servicios Médicos Forenses se detectaron en 2014, de la federación se hicieron dos diagnósticos: uno de infraestructura y operatividad de los servicios forenses, y otro diagnóstico de infraestructura de los servicios periciales en el país.
Ambos documentos consultados para esta investigación revelaron graves fallas: falta de infraestructura, de personal capacitado, inversión nula. Pero las alertas otra vez fueron ignoradas por la Fiscalía de Veracruz.
En ese diagnóstico, se advierte que los servicios periciales carecían del 40 por ciento del instrumental básico de las 19 de las especialidades en Servicios Periciales.
De la plantilla de 300 peritos de la Fiscalía General, casi el 60 % son criminalistas o forenses. Aunque los protocolos obligan a por lo menos 4 expertos para análisis de cada cuerpo: un criminalista, antropólogo, odontólogo y un médico. Esto es imposible en Veracruz, donde faltan antropólogos físicos, arqueólogos, expertos odontólogos forenses, entre otras disciplinas.
A la falta de equipamiento y de peritos capacitados, se suma la saturación de cuerpos por muertes violentas ingresados a los Servicios Forenses. En 2014 se recibieron 2,870 cuerpos, y cuatro años después en 2018, la cifra aumentó a 4,690 cuerpos.
FORENSES ABANDONADOS Y DESMANTELADOS
En un recorrido realizado para esta investigación, se constató que en la región sur donde se ubican los municipios más violentos de la entidad: Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Isla y Acayucan, los servicios forenses son casi inoperantes.
El servicio forense en Acayucan está abandonado desde hace varios años. El lugar ubicado junto al panteón está rodeado de maleza y basura. Los delincuentes le han quitado las ventanas y puertas, y en el interior se pueden ver dos planchas ya inservibles.
La Fiscalía General lo cuenta entre sus servicios forenses activos: entre 2018 y 2019, afirma haber recibido y hecho 127 necropsias en ese sitio.
El caso de Isla repite el esquema. En 2017 una falla en el transformador lo dejó sin luz, desde entonces las cámaras frigoríficas no funcionan. Los peritos que van ahí algunas veces al mes realizan la revisión de cuerpos por la mañana, antes que el sol suba la temperatura y los olores se tornen insoportables. La Fiscalía General afirma que en estas instalaciones recibió 21 cuerpos en 2019.
Una situación similar es la del Semefo de Veracruz que tuvo su primera crisis forense en 2011 al inicio de la guerra por el territorio veracruzano entre cárteles.
Los registros oficiales evidencian el caos. En un documento fechado en mayo del 2019, la Fiscalía dijo que había 348 cuerpos no identificados en servicios forenses; en septiembre se informó que eran 478, y para octubre, dijo que tenía en resguardo 979 cadáveres no reclamados. En la comparecencia de la Fiscal encargada de despacho, Verónica Hernández, en enero de este año, la cifra fue de 1044 cadáveres no identificados.
Aunque el protocolo para el tratamiento de la identificación forense ordena inhumar los cadáveres dentro de un término de veinte días, la información revela que los Semefos resguardan cadáveres de hace años.
