Concluyó la auditoría al Grupo Metropolitano del Agua y Saneamiento pero las condiciones seguirán igual por la forma en que se estableció el contrato, admitió la diputada local de Morena, Margarita Corro Mendoza.
Puntualizó que con la privatización del agua se establecieron condiciones desfavorables para la ciudadanía, destacó altas tarifas, la mala calidad del elemento y un monto elevado por indemnización.
“Nosotros nada más podemos intervenir en el órgano que interviene ahí pero no con la empresa. Hay un dictamen pero la empresa no lo acata. El contrato es amañado y no permite que se le intervenga. Fue hecho en tiempos de Duarte y no se puede hacer gran cosa”, explicó.
En la auditoría se detectó que no presentan estados financieros, pero la privatización que se hizo no permite que se pueda intervenir y por el otro lado, que se retire el contrato. Llamó a los gobiernos municipal, estatal y federal a actuar contra la concesión ya que se debe indemnizar para retirar el contrato.
“Es un agua que incluso tiene partículas fecales. Yo no se de que manera esta empresa que brinda el servicio de agua a la ciudadanía hace cobros excesivos pero no da calidad de agua a la gente”.
Cabe recordar que la auditoría contempló cuatro ejes: análisis de lo que era el Sistema de Agua y Saneamiento; la transición a Grupo MAS; Conformación del IMA y las ventajas y desventajas del organismo.
Se abarcó también la situación de los extrabajadores del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), revisión que ya se había iniciado pero no se completó porque el edificio ubicado en la avenida Colón fue tomado.