Ven pasividad de Gobierno de Veracruz ante ‘cocinas’ del narco en La Gallera

Familiares de desaparecidos que integran la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el rancho La Gallera localizaron decenas de restos óseos calcinados, mezclados entre los montículos de cenizas que anteriormente, la FGE y la entonces PGR, habían ignorado.   

A pesar de los indicios y los restos hallados, los colectivos señalaron que las autoridades estatales han mostrado negligencia y obstrucción en el esclarecimiento y reconocimiento de la identidad de los hallazgos.  

Ante esta situación, las organizaciones solicitan que la FGR, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz, faciliten el personal suficiente para continuar con los trabajos de localización, levantamiento, resguardo e identificación de los desaparecidos. 

En la zona podría haber más de una decena de ‘cocinas’ de organizaciones criminales que se asentaron en el norte de Veracruz, región disputada por Los Zetas, Cártel del Noreste y Cártel del Golfo. Y hasta con incursiones de Jalisco Nueva Generación.

En los últimos cuatro años, Familiares en búsqueda María Herrera Poza Rica y la Red de Enlaces Nacionales han encontrado seis cuerpos y más de 200 restos óseos humanos en el rancho La Gallera, Tihuatlán, que era utilizado como casa de seguridad y cementerio clandestino.  

A través de un comunicado, ambas organizaciones detallaron que el pasado 1 de febrero de 2017, ingresaron por primera vez a ese predio, ubicado en el ejido Poza de Cuero a casi siete kilómetros de la ciudad de Poza Rica.  

En ese entonces, las familias hallaron seis cuerpos de los cuales cinco eran de hombres y de una mujer. La búsqueda y el descubrimiento fue hecha por los familiares, la exhumación y resguardo de los cuerpos se encargó la Fiscalía General del Estado (FGE).   

Un mes después, el 1 de marzo de ese mismo año, por segunda vez, los familiares de los desaparecidos ingresaron al terreno, acompañados por elementos de la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).  

En esa ocasión, los brigadistas encontraron el cráneo de un menor de edad y ubicaron 22 puntos, probables fosas clandestinas. Además, hallaron restos de ropa y un horno de aproximadamente 6 x 6 metros encontrado en el exterior del inmueble fue considerado como indicio.  

A finales de ese mismo mes, las familias inspeccionaron nuevamente el predio para corroborar que las autoridades incumplieron con el procedimiento de revisar el horno y escarbar las 22 zonas consideradas como puntos positivos.  

Las autoridades de la FGE dejaron expuestos los restos óseos a las condiciones ambientales, lo que causó mayores deterioros y hasta desaparición de más indicios.  

En noviembre de 2018, los integrantes de ambos colectivos regresaron al sitio, pero ahora acompañados con el personal de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, y durante una semana de búsqueda, hallaron el cráneo de otro infante, y un promedio de 200 fragmentos de huesos, y un fémur.