Tras cateo, denuncia empresario de Río Blanco abusos y tortura

Ante la Fiscalía General con sede en Córdoba, el empresario rioblanquense José Antonio May González interpuso formal denuncia en contra de los presuntos oficiales de los tres órdenes de gobierno que intervinieron violentamente la Comercializadora de Abarrotes MAGA S.A. de C.V., el pasado sábado 19 de junio.

Dicha denuncia quedó asentada en la carpeta de investigación FED/VER/CORD/0002225/2021 y fechada el 09 de julio, donde se denuncian abuso de autoridad, robo agravado cometido con armas y medios violentos además de tortura, mismos que fueron cometidos en agravio del patrimonio de la persona moral de la Comercializadora, así como en contra de diversas empleados.

La denuncia es en contra de la Fiscalía Investigadora en Delitos Diversos de Nogales, así como en contra de diversos elementos policiacos, mismos que pertenecen a la Policía Ministerial de Investigación de la Fiscalía General del Estado y de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República por la comisión de hechos que, consideró, “son constitutivos de agravio”.

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Asimismo se acusa que oficiales de los tres órdenes de gobierno golpearon y amenazaron al personal; sin orden de cateo mantuvieron sitiada la bodega y al menos dos de los 40 trabajadores fueron torturados. Además de saquear equipo y dinero en efectivo que sería destinado para el pago de proveedores y nómina.

El agraviado explica que la Policía Ministerial, “falseando y atribuyéndole delitos que no cometieron”, puso a disposición de la Fiscalía de Nogales a cuatro empleados: Juan Miguel M. C; Miguel Ángel M. N; María del Consuelo M. G. y Raúl Salvador J. T., de los cuales dos fueron puestos en libertad y otros dos, al ser familiares directos, permanecen privados ilegalmente de su libertad, violando sus derechos humanos.

El empresario exigió a la Fiscalía iniciar la carpeta de investigación correspondiente para el esclarecimiento de los hechos, además de que se haga justicia y se repara el daño cometido en contra del patrimonio de esta Comercializadora.