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Conductores y comensales que frecuentan los restaurantes y bares de Cerro Gordo, Rinconada, Dos Ríos y Palo Gachos han denunciado un patrón preocupante: policías municipales que, en lugar de velar por la seguridad, se han convertido en cazadores de automovilistas, para extorsionarlos.
Los testimonios coinciden en que los oficiales detienen a quienes salen de estos establecimientos con el pretexto de detectar aliento alcohólico. Si el conductor muestra signos de haber consumido alcohol, es trasladado a la cárcel municipal en Dos Ríos, mientras que su vehículo es conducido por un agente. Aunque oficialmente se impone una multa administrativa, la verdadera exigencia económica llega después: sumas de hasta 25 mil pesos para evitar que el automóvil termine en un corralón, negocio que presuntamente mantiene vínculos con los mismos elementos policiales.
Según fuentes internas, este esquema no es una iniciativa individual, sino un sistema impuesto por los mandos policiales. Agentes de menor rango han manifestado su inconformidad, asegurando que reciben órdenes directas de un comandante identificado como “Platas”, quien establece las cuotas de dinero que deben recaudar.
El castigo para quienes no cumplen con estas exigencias es claro: son relegados a labores secundarias en módulos de vigilancia dentro de unidades habitacionales o comunidades alejadas, perdiendo el acceso a patrullas y operativos.
La cadena de corrupción no termina con la policía. Algunas denuncias apuntan a empleados de bares y restaurantes, quienes supuestamente informan a los oficiales sobre qué clientes han consumido alcohol y qué vehículo conducen. A través de mensajes de WhatsApp, envían detalles sobre las unidades, permitiendo a los policías interceptarlas con certeza.
Este sistema ha generado desconfianza entre los visitantes de estos establecimientos, quienes temen ser víctimas de una detención arbitraria bajo el disfraz de un operativo de tránsito.
Ante la inacción del presidente municipal, ciudadanos y algunos elementos policiales han solicitado la intervención de la gobernadora Rocío Nahle. Argumentan que la policía municipal ha excedido sus funciones al actuar como agentes de Tránsito y de la Guardia Nacional, descuidando la seguridad de las comunidades y zonas residenciales.
Además, existe la preocupación de que estas prácticas estén protegidas por altos mandos, bajo la justificación de recaudar dinero para instancias superiores de la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional División Caminos.
Los afectados piden que las autoridades estatales investiguen a fondo estas acusaciones y frenen los abusos de poder que han convertido a la policía en una amenaza para quienes solo buscan disfrutar de una comida o una salida en familia.