Los trece policías activos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, detenidos el 16 de diciembre en un operativo en Xalapa, enfrentan acusaciones de desaparición forzada, con vínculos directos a abusos cometidos en el municipio de Pueblo Viejo.
Según informó la Fiscalía General del Estado (FGE), los agentes estarían implicados en al menos tres casos, entre ellos la desaparición de José Brandon Lomelí Blanco, Juan Andrés May Vázquez y Ernesto Lara Medellín, reportada el 22 de abril de 2021 en Pueblo Viejo, al norte del estado.
Dos de los detenidos, José Rosalindo "N", alias El Guasón, y José Manuel "N", alias El Alí, son los principales acusados en el caso.
Las familias de José Brandon Lomelí, Juan Andrés May Vázquez y Ernesto Lara Medellín siguen exigiendo justicia.
Sus desaparecidos, de entre 20 y 36 años, representan sólo un fragmento de la crisis que enfrenta Veracruz en materia de derechos humanos y seguridad.
Pueblo Viejo se ha convertido en un ejemplo del patrón sistemático de abusos y desapariciones atribuidos a cuerpos de seguridad en Veracruz.
Una de las víctimas, José Brandon Lomelí Blanco, fue detenido en enero de 2021 junto a otros siete hombres, acusados de portación de armas y equipo bélico de uso exclusivo del Ejército.
Aunque recuperó su libertad meses después, fue desaparecido en abril, presuntamente por elementos de la Fuerza Civil, una corporación policial ahora extinta.
La Fuerza Civil fue creada durante la administración de Javier Duarte con la intención de transformar la imagen de la Policía Estatal y enfrentar delitos de alto impacto.
En 2024, el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez volvió a imperar su impunidad y abusos, solapados por el débil ex mandatario, quien disolvió la corporación tras la represión de campesinos en Totalco que el propio mandatario ordenó, donde murieron dos manifestantes.
A pesar de la extinción oficial, 1,279 agentes de la Fuerza Civil permanecieron activos sin haber aprobado los exámenes de control y confianza.
El gobierno estatal ha sido duramente criticado por no depurar adecuadamente las filas de sus cuerpos de seguridad.
Según cifras oficiales, solo el 43% de los elementos de la Fuerza Civil fueron evaluados, dejando a casi 1,300 agentes sin el filtro necesario para desempeñar labores policiales.