Crimen y autoridades cobran piso a transportistas de aguacate en Michoacán

Transportistas de aguacate en la región de Uruapan, Michoacán, se enfrentan a un doble asedio: la extorsión de elementos de la Guardia Civil y de la Fiscalía del Gobierno de Michoacán, así como el constante acecho del crimen organizado. 

Los extorsionadores han llegado al punto de amenazar con incendiar camiones si no se les paga una cuota, que puede alcanzar hasta 40 mil pesos.

Rubén Baltazar, portavoz de los transportistas en Uruapan, ha denunciado el cierre de entradas y salidas de la ciudad debido al hartazgo de su sector, el cual es víctima de extorsiones por parte de la Guardia Civil y la Fiscalía General de Michoacán. Estos agentes detienen a los transportistas bajo diversos pretextos para exigirles pagos, cuyas cantidades varían según la situación.

El portavoz relató que estas extorsiones pueden comenzar con modestas cantidades, como la invitación para pagar un café o un refresco. 

Sin embargo, la presión puede incrementar hasta llegar a sumas desorbitantes, alcanzando los 40 mil pesos en algunos casos. 

El mensaje es claro: "Te arreglamos el problema o enfrentarás consecuencias legales".

Este persistente acoso de la Guardia Civil ha llevado a más de mil transportistas a bloquear las entradas y salidas de Uruapan en protesta. 

Sorprendentemente, las amenazas de las autoridades durante esta manifestación se han asemejado a las de un grupo criminal, incluyendo la amenaza de incendiar camiones si no se retiraban del bloqueo.

La situación se complica aún más, ya que los elementos de la Guardia Civil y de la Fiscalía del estado realizaron tareas que van más allá de su jurisdicción, usurpando funciones legales. 

Esto incluye actividades de revisión mecánica, ambiental e incluso fitosanitaria, funciones que corresponden exclusivamente al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

• Las extorsiones no se limitan a Uruapan, sino que también afectan a otros municipios de Michoacán, incluyendo Tancítaro, San Juan Nuevo, Los Reyes, Zamora, Santa Clara del Cobre, Pátzcuaro, Tingambato y Lázaro Cárdenas. 

Esta problemática se extiende por todo el estado, donde tanto el crimen organizado y algunas autoridades han convertido la extorsión en un gravoso "derecho de piso" para los sectores productivos, acumulando cuotas que superan los 21 millones de pesos al mes.