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Cobro de piso, impuesto criminal que arruina economía en Veracruz; Xalapa, de las más afectadas
*Veracruz enfrenta una ola de extorsión en sus principales ciudades*
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El estado de Veracruz enfrenta una ola de extorsión en sus principales ciudades, que afecta a comerciantes y empresarios, y fortalece las finanzas del crimen organizado. El Gobierno estal ha parecido carecer de voluntad para combatir el delito.
- Según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este delito ha mostrado un aumento constante en los últimos años, pasando de una tasa de 10.22 en 2019 a 11.22 en 2023 por cada 100 mil habitantes, la cifra más alta registrada desde 2015.
¿POR QUÉ SE DISPARAN LAS EXTORSIONES?
El cobro de piso, una de las formas más comunes de extorsión, ha escalado en municipios como Xalapa, Minatitlán, Coatzacoalcos, y la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río.
En Veracruz el delito se disparó en la administración de Cuitláhuac García, quien no cesa de elogiar sus resultados y autoproclamarse el mejor gobernador en la historia del estado.
- Comerciantes ambulantes y pequeños empresarios denuncian con frecuencia ser víctimas de células criminales que operan con total impunidad, exigiendo pagos mensuales que representan una amenaza constante para sus negocios y vidas.
A pesar de que en 2023 se denunciaron 73.4 casos de extorsión al mes en promedio, esta cifra aumentó a 79.6 denuncias mensuales hasta septiembre de 2024, lo que refleja un crecimiento del 5% en tan solo un año.
Sin embargo, el SESNSP alerta que el 95% de las víctimas no presentan denuncias debido al temor a represalias, lo que pone en evidencia una cifra negra alarmante que impide conocer la magnitud real del problema.
UN DELITO QUE SE NORMALIZA
La extorsión en Veracruz se ha convertido en un fenómeno cotidiano. Durante los primeros nueve meses de 2024, se denunciaron 2.6 extorsiones diarias en promedio, consolidando a la entidad como una de las más afectadas del país, ocupando el tercer lugar nacional después del Estado de México y Guanajuato.
El impacto económico y social de este delito es devastador. Negocios cerrados, familias desplazadas y comunidades enteras sometidas al control del crimen organizado son algunos de los efectos visibles de un problema que parece no tener solución inmediata.
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