Ante la llegada de Verónica Hernández Giadáns al cargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz parece haberse quedado corta en enfrentar las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que transformó al puerto de Veracruz en una base estratégica para el hurto y comercialización de combustible robado, conocido como "huachicol".
Aunque muchos veracruzanos no lo saben, parte del combustible que compran proviene del mercado negro, operado por redes criminales.
Organizaciones, como el CJNG, venden gasolina robada a estaciones que, en apariencia, son completamente legales.
Con la complicidad de empresas locales, han logrado mover el combustible robado por todo el estado de Veracruz y más allá, sin que las autoridades locales intervengan de manera efectiva. Incluso han logrado exportarlo a Texas.
Mientras la FGE permanece inactiva, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio el primer golpe a esta red criminal.
El 10 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a nueve personas y 26 empresas mexicanas vinculadas al CJNG, revelando cómo esta organización ha ganado "decenas de millones de dólares" a través del huachicol.
No obstante, no se estima que represente un golpe que cimbre a la estructura del CJNG o que facilite judicializar al gran número de empresas relacionadas con la venta del combustible robado.
Las ganancias han servido, según el informe, para financiar el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo, agravando la crisis de opioides en Estados Unidos.
"El Tanque" fue detenido en 2015 en Jalisco, pero desde la cárcel ha seguido orquestando operaciones de huachicoleo en Jalisco y Veracruz.
Veracruz ha sido un punto clave para las operaciones de robo de combustible del CJNG. Según el informe de la OFAC, el combustible robado por esta red es almacenado en las cercanías de la ciudad y luego distribuido a estaciones minoristas que, en apariencia, son legítimas.
Sin embargo, una parte del combustible también se ha exportado a Texas y países de Centroamérica, ampliando aún más el alcance de esta operación ilícita.
El huachicoleo ha demostrado ser una actividad muy lucrativa para el CJNG. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que el robo de combustible es "la actividad no relacionada con drogas más rentable" para la organización, generando millones de dólares en ganancias. Mientras tanto, Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera estatal, ha registrado pérdidas significativas.
En su reporte de 2023, Pemex identificó casi 15,000 tomas clandestinas, y las autoridades detuvieron a más de 470 personas relacionadas con el robo de combustible.
Aún así, las pérdidas para la empresa se estiman en más de mil millones de dólares, y expertos prevén que la cifra seguirá en aumento.
A pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos y los esfuerzos de Pemex por contener el problema, el huachicol sigue siendo una amenaza latente en Veracruz.
La falta de acción por parte de la FGE y otras autoridades ha permitido que este mercado ilegal siga floreciendo, alimentando a una de las organizaciones criminales más poderosas de México.
El gobierno de Estados Unidos aplicó sanciones en contras de siguientes 26 empresas bajo el argumento de que son entidades ilegitimas que son un frente del CJNG para el lavado de activos procedentes de la venta de narcóticos.