Tribunal Electoral ‘salva’ proceso de oposición; exige a INE poner reglas

Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dieron al Instituto Nacional Electoral (INE) un plazo de cinco días para definir lineamientos generales y de fiscalización a los actuales ‘procesos internos’ de Morena y de la oposición rumbo al 2024.

Y es que esta tarde, la magistrada Janine Otálora presentó un proyecto done perfilaba anular ‘de tajo’ el proceso convocado por el llamado Frente Amplio, al considerarlo un fraude electoral y un acto paralegal.

A la par, la magistrada expondría un proyecto similar, relativo a lo que Morena está haciendo en estos momentos con sus llamadas ‘corcholatas’.

Tribunal Electoral pide al INE reglas

Sin embargo, y con el voto en contra de los magistrados Reyes Rodríguez, Indalfer Infante y Felipe Fuentes, el proyecto de Otálora fue desechado, al considerarse “excesivo” frente a las libertades constitucionales.

Los magistrados Mónica Soto, José Luis Vargas y Felipe de la Mata no asistieron a la sesión.

Fue el magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, quien planteó una ‘salida alterna’ al proyecto original, delineando los parámetros que deberán servirle de base al INE para vigilar que los partidos no sobrepasen las leyes electorales:

• Primero: su objeto debe ser aplicable a todos aquellos procesos y actividades cuya posible finalidad sea establecer una estrategia, posicionar y/o definir a las personas aspirantes a una precandidatura de cara al proceso electoral federal, con independencia de la denominación específica. Los lineamientos deberán definir lo que está permitido.
• Segundo, y respecto a actos anticipados de precampaña y campaña: los lineamientos de ningún modo habilitarán a los partidos, organizaciones ciudadanas y demás participantes para realizar actos fuera de la ley. En consecuencia, todos los llamados al voto para un cargo de elección popular siguen estando prohibidos y deberán investigarse incluso de oficio y sancionarse.
• Tercero: establecer disposiciones para salvaguardar la imparcialidad y equidad.

En ese sentido, remarcó que sigue estando prohibido el uso de recursos públicos y que personas servidoras públicas deben evitar pronunciarse y participar en cualquier medida que pueda vulnerar la equidad de la contienda.

Recalcó la necesidad de encontrar un equilibrio en la ‘nueva realidad política’ que se vive en el país; sin embargo, cuando se incurra en infracciones, deberán investigarse y en su caso sancionarse como lo indique la ley.