Legislar para abatir el crimen, principal inquietud en Senado
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Para revertir la situación de inseguridad actual, el Senado ha enfocado su trabajo legislativo para construir una normatividad que dé seguridad a la población, acorde con nuevas instituciones como la Guardia Nacional, y atender asaltos en transporte público y de mercancías, ciberataques y protección de datos personales.
Durante el Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, se presentaron 14 iniciativas en la materia, 21 proposiciones con punto de acuerdo, y discutieron y votaron 34 dictámenes en el Pleno.
Entre los asuntos más destacados se encuentra la aprobación de un dictamen para incluir el robo a los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, dentro del catálogo establecido por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, esto debido a la alta incidencia de este delito y la forma violenta en la que suele perpetrarse.
También propusieron declarar el mes de octubre como “El Mes Nacional de la Ciberseguridad”, para realizar jornadas, talleres, foros, debates y mesas de discusión con el propósito de crear estrategias para la protección de datos personales y fortalecer el comercio electrónico.
Senadoras y senadores abrogaron la Ley de Seguridad Interior, pues parte de su normatividad se volvió inconstitucional debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que algunos de sus preceptos eran inconstitucionales.
El Pleno exhortó a diversos estados de la República e instituciones de seguridad pública a fortalecer y generar políticas, estrategias, planes y programas que garanticen la seguridad e integridad de la población.
Pidió a diversas entidades revisar y fortalecer la estrategia de seguridad pública y combate de los delitos de alto impacto y la violencia contra las mujeres, a fin de salvaguardar su vida.
Igualmente, urgió a los organismos de protección civil y de salud de diversas entidades federativas a implementar los protocolos y acciones necesarias para proteger la integridad física de la población y prevenir efectos en la salud, especialmente a los grupos más vulnerables, ante los efectos de los fenómenos naturales que se presentaron en el país.
