Feminicidios en Ciudad Juárez: 30 años y familias siguen esperando respuestas

Una a una, las mujeres empezaron a faltar en sus casas. Era 1993. La tragedia apenas comenzaba en Ciudad Juárez, aunque pocos lo advertían: las noticias estaban concentradas en el “boom económico” provocado, decían, gracias a la industria maquiladora.

Las mujeres dejaron de llegar a sus casas y sus madres y padres, llenos de incertidumbre, comenzaron a buscarlas siguiendo los pasos de ellas en su camino al trabajo o a la escuela. Las autoridades muchas veces se negaron a tomar en serio las ausencias y las catalogaron de simples escapadas con el novio y así fueron pasando los días, meses y años.

En 1993, hace 30 años, fueron 25 mujeres las que fueron víctimas de feminicidio. No todas fueron identificadas y ninguna de ellas conoce la justicia; sus agresores han gozado de la impunidad.

Las cruces rosas comenzaron a ser colocadas en los baldíos de Ciudad Juárez. La cruz de Mireya Hernández; la de Elizabeth Castro de 17 años; la de Angélica Márquez de 16 años; la de Adriana Torres de 15 años; la de Lilia Alejandra que fue colocada por su madre que le prometió buscar justicia; la de Cinthia Rocío Acosta de 10 años; la de Leticia García de 35 años; la de Irma Rosales que a sus 13 años ya trabajaba en la maquila y que fue abusada sexualmente…

Este 2023 se cumplen 30 años de que se documentó el primero de muchos feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua. En dicha localidad fronteriza en la que se proyectó un crecimiento económico por la instalación de empresas maquiladoras, el 12 de mayo de 1993, fue localizado el cuerpo de una mujer en las faldas del Cerro Bola. Tenía descubierto el pecho y su pantalón lo tenía a la altura de las rodillas. Tenía muchos golpes en todo su cuerpo. Se le calcularon 24 años de edad y la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento.

La situación, erróneamente nombrada como “las muertas de Juárez” fue materia de análisis en México y el mundo; mucho se escribió y documentó sobre ello y se alertó sobre lo peligroso que era ser mujer y vivir en Ciudad Juárez.

En 1993, Amnistía Internacional tuvo registro de 25 mujeres asesinadas, algunas con señales de violencia física, otras con violencia sexual y otras con ambas.

Al siguiente año, fueron siete mujeres víctimas de abuso sexual, otras estranguladas, una más que fue incinerada. En ese 1994 también fue encontrado el cuerpo de niña de 12 años.

30 años después de esos primeros casos, hay madres y padres de víctimas que se quedaron esperando justicia por sus hijas y huérfanos que ya crecieron y tuvieron que entender qué pasó con sus madres que, muchas de ellas, sólo iban o regresaban de su trabajo en la maquila o eran camareras, trabajadoras informales o estudiantes. La mayoría en la pobreza.

No es posible conocer la cifra exacta de las mujeres víctimas de feminicidio durante estas tres décadas por distintos factores, como el mal registro de las autoridades, mujeres a las que nadie reportó, las que están en calidad de desaparecidas, los casos que quedaron en medio de las cifras de la guerra contra el narcotráfico y porque el concepto de feminicidio no se instauró hasta años después.

La Procuraduría estatal en 2010 habló de 475 asesinatos de mujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) habló de 400. En 30 años, de acuerdo con colectivos, la cifra sería de 2 mil 256, además de casi 300 que continúan desaparecidas.

ENTRE TRIUNFOS Y PENDIENTES ESTANCADOS

La lucha de las familias logró una sentencia contra el Estado mexicano como la de “Campo algodonero” que se desprende de un homicidio con móvil sexual y con extrema crueldad de ocho mujeres cuyos cuerpos aparecieron en un campo en la localidad fronteriza. Otro caso que resaltó fue el del Arroyo El Navajo, una zona que fue utilizada como fosa clandestina.

En 2012, cuando Juárez se convirtió en uno de los municipios más peligrosos de México por la guerra de Felipe Calderón, se encontraron ahí 60 restos óseos de mujeres: fueron encontrados pedacitos de cráneo, cabello y ropa. Ese caso estuvo relacionado con el delito de trata y fue hasta 2017 que los acusados recibieron sentencia; dos de ellos, 697 años de prisión.

Con estos episodios, tras las protestas y con el paso de los años se buscó quitar la etiqueta de “muertas de Juárez”; las mujeres no aparecen muertas de la nada. Son asesinadas en Juárez o los feminicidios de Juárez, es decir, son delitos de odio contra mujeres por el hecho de ser mujeres.

“No hay duda de que los homicidios con violencia sexual en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua son una de las manifestaciones más preocupantes y terribles de violencia contra la mujer. En su inmensa mayoría, mujeres jóvenes y de origen humilde son raptadas, mantenidas en cautiverio y sujetas a la violencia sexual más feroz antes de ser asesinadas y dejadas en lotes abandonados junto con los escombros. En algunos casos, sus restos son hallados por transeúntes al cabo de unos días o años después. En ocasiones las mujeres no son encontradas y sus familiares tienen que vivir con la angustia permanente de desconocer su destino o paradero”, puede leerse en el informe Muertes Intolerables de Amnistía Internacional.

“A tres décadas de estos hallazgos, las deficiencias y las omisiones, las violaciones a derechos humanos que comete el Estado mexicano siguen dándose. El único elemento positivo es que gracias a la lucha de feminicidios es justamente que hoy esos asesinatos tienen un nombre, un nombre que reconocemos fuera de México y en todo el país gracias la lucha de esas madres tenemos legislación, tenemos un tipificado el feminicidio en todas las entidades y tenemos además una serie de instituciones que mandaba esa legislación y todo eso se lo reconocemos a las madres”, comentó en entrevista con SinEmbargo Edith Olivares, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Explicó que el hecho de que los crímenes fueran reconocidos en su naturaleza como asesinatos de odio, marcó una diferencia porque si no se investigan como tal, tiende a perder mucha evidencia, algunas de las periciales básicas que se deben de realizar para poder acreditar el feminicidio.

“También lo pudimos comprobar en el Estado de México: [son pruebas como] el exudado vaginal para ver si hubo violencia sexual o el raspado de uñas para saber si las mujeres si defendieron antes del asesinato, que si no se hacen al inicio no se harán nunca o se pierde la evidencia y no se acredita el feminicidio”, comentó.

Sobre los retos, la investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Teresa Incháustegui dijo en entrevista que no se ha logrado revertir la curva de crecimiento de esos asesinatos y los niveles de impunidad, “aunque hay en algunas partes del país, en donde hay un poquito más de investigación sobre estos casos y de determinación de los responsables, en la mayoría de los lugares la impunidad y la falta de profesionalismo, la saturación que tiene en general la procuración de justicia y los pocos recursos con los que opera, sigue manteniendo el patrón de impunidad que incluso es más alto, según los cálculos que hemos hecho, que la que se presenta en otro tipo de delitos”.

Es aquí en donde entra el papel de las fiscalías, un actor clave en muchas historias de feminicidios. Al igual que como ocurre desde hace años y en la actualidad, su actuar va en contra de las víctimas y se convierten en un martirio para las familias.

“El problema que tenemos es que esas instituciones son cascarones vacíos y sí es una responsabilidad absolutamente del Estado mexicano y las dependencias que no han dotado de suficientes recursos que permitan que esas instituciones operen adecuadamente. Una de las conclusiones más fuertes a 30 años de los hechos de Ciudad Juárez es que las Fiscalías siguen siendo el punto nodal de la impunidad en este país. Las mismas omisiones que se encontraban en Ciudad Juárez de pérdida de evidencias, de revictimización se siguen presentando hoy en todas las Fiscalías y eso es una responsabilidad absoluta del Estado mexicano”, comentó Olivares.

Incháustegui coincide en la saturación de trabajo en estos lugares en donde además de conjunta con la falta de profesionalización: “Creo que vale la pena revisar la operatividad de los tipos penales, porque […] una parte de estas investigaciones, que por la complejidad de las relaciones entre las víctimas y los victimarios, la investigación requiere un altísimo nivel de investigación. Tenemos que trabajar mucho más en la formación, pero sistemática, permanente, de alta calidad en los forenses en los ministerios especializados. Las procuradurías o fiscalías de feminicidios han dejado mucho que desear en esa parte y en general esto responde a la saturación que tiene el sistema de justicia en México, porque sabemos que la impunidad no solamente es la marca que acompaña a los feminicidios, sino a todos los delitos”.